Una decisión social y económicamente necesaria

Alicante

El Gobierno anunció ayer la regularización de medio millón de inmigrantes. Al margen del habitual mensaje ultra —que identifica falsamente a todas estas personas como una amenaza— y del nuevo rechazo del PP —al que cada vez es más complicado diferenciarle de Vox—, en principio, la decisión es social y económicamente necesaria.

La regularización de estas personas la piden las patronales, los sindicatos, las ONG y hasta la iglesia católica. De hecho, la pasada semana, FOPA —la patronal de la obra pública de Alicante, que también incluye a las empresas constructoras de vivienda— aseguraba que en nuestra provincia necesitan 50.000 trabajadores y, por ello, reclamaba la regularización de extranjeros.

Y por cierto, vamos a ver que dicen de la medida la Generalitat y el presidente Pérez Llorca, quien debe su investidura a Vox. ¿Por qué apostará? ¿Por regularizar, acoger e integrar a estas personas que ya residen en nuestro país, aceptan nuestros valores, normas y convicciones y que van a hacer prosperar nuestra economía o seguir dándoles la espalda? Si aqui hay trabajo y oportunidades y necesitamos mano de obra, solo les faltan papeles, sería irresponsable prescindir de ellos y apostar por su deportación ¿no?