Barcala y PSPV apuntan a la Conselleria de Vivienda y Pérez Llorca dice que todas las adjudicaciones cumplían con los requisitos
El alcalde pide un endurecimiento de la normativa y del control para poder acceder a una vivienda pública y el PSPV exige la comparecencia de Camarero en Les Corts
FRAORGI S.L.
Alicante
Sigue la polémica sobre el escándalo por la presunta adjudicación irregular de varias viviendas de protección pública a personas relacionadas con el Ayuntamiento de Alicante. Este viernes, el alcalde, Luis Barcala, en una comparecencia sin opción a preguntas, ha echado balones fuera y ha trasladado la responsabilidad a la Conselleria de Vivienda. Además, ha anunciado que va pedir a la Generalitat que se endurezcan los criterios de fiscalización para este tipo de adjudicaciones.
El primer edil, tras un acto en los pozos de Garrigós, ha reiterado que ha abierto un expediente de averiguación de hechos en el Ayuntamiento. En cualquier caso, ha insistido en que la validación de las adjudicaciones de viviendas públicas dependen en última instancia de la Conselleria.
Por ello, pide a la Generalitat un endurecimiento de la normativa para garantizar que solo las personas que cumplen con los requisitos puedan acceder a una vivienda pública. Traspasa así la responsabilidad a la Conselleria, de la que dice está convencido que apoyará esta petición. Petición que pide que sea apoyada por el resto de Ayuntamientos, también por el Gobierno de España.
Luis Barcala, alcalde de Alicante, asegura que la Conselleria es la que tiene que validar las adjudicaciones de vivienda pública y pide un endurecimiento de la normativa
Por otra parte, pese a los ceses que ha exigido la oposición tanto de la edil de Urbanismo como de la directora general, ahora dimitida, pero que sigue actuando como jefa de servicio de Contratación, asegura que no tomará ninguna medida al respecto hasta que no se conozcan las conclusiones del expediente de averiguación que ha iniciado el secretario municipal.
En cualquier caso, añade que la edil Rocío Gómez se apuntó a la lista de estas viviendas en 2018, cinco años antes de entrar en política, y que, hasta donde tiene conocimiento, no ha intervenido en de ninguna manera en la adjudicación de las viviendas.
Luis Barcala, alcalde de Alicante, defiende a la edil Rocío Gómez porque se apuntó a la lista de la VPP de playa San Juan cinco años antes de entrar en política
Por otro lado, asegura que el pleno extraordinario monográfico que ha pedido la oposición se celebrará a la mayor brevedad posible, en cuanto se dispongan de esas conclusiones y se dé traslado de toda la documentación al resto de grupos municipales.
Pérez Llorca defiende el proceso
La polémica generada ha obligado a pronunciarse incluso al president de la Generalitat. Juanfan Pérez Llorca califica estos hechos como "graves" y avala la actuación municipal.
Además, asegura que, tras comprobar los certificados por parte de los técnicos autonómicos, todos los adjudicatarios cumplían con los requisitos necesarios para tener derecho a la adjudicación de una de estas viviendas públicas.
Juanfran Pérez Llorca, president de la Generalitat, asegura que todos los beneficiarios de la VPP de playa de San Juan cumplían con los requisitos exigidos
En cualquier caso, apunta que la Generalitat revisa que esas viviendas sean de VPO y que los demandantes cumplan los requisitos, pero, a partir de ahí, "el uso que le den a esa vivienda no le corresponde a la Generalitat", ha afirmado.
El PSPV pide explicaciones a Camarero
Sin embargo, desde el PSPV no lo ven así. Y no tienen nada claro que no haya habido ninguna irregularidad. Los socialistas están convencidos de que han fallado los controles por parte de la Conselleria de Vivienda. Aseguran que, además de a Fiscalía, van a acudir a la Agencia Valenciana Antifraude con la documentación que han reclamado sobre todo este asunto.
El diputado en Les Corts, José Díaz, ha pedido hoy en Alicante la comparecencia de la consellera Susana Camarero en el próximo pleno de Les Corts. "Si no ha sido un fallo en el control, estamos ante un supuesto trato de favor", mantiene Díaz, quien recuerda que esta ha sido la primera promoción de VPP en Alicante en 20 años, "en una de las zonas más codiciadas de la ciudad".
José Díaz, diputado del PSOE en Les Corts, pide la comparecencia de la consellera Camarero para que explique qué falló en la VPP de playa de San Juan
Por su parte la portavoz municipal socialista, Ana Barceló, ha añadido que no es suficiente con que la directora genera,l cuyos familiares se habían beneficiado de estas adjudicaciones, haya presentado hoy su dimisión.
Y es que, recuerda, continúa como jefa de servicio de Contratación. Por ello exige a Barcala que la cese de jefa de servicio y que también exija la dimisión de la concejal de Urbanismo, Rocío Gómez.
Ana Barceló, portavoz local del PSOE, pide el cese de la concejala de Urbanismo y de la jefa de servicio cuyos familiares se beneficiaron de una VPP
Por otra parte, Ana Barceló también ha criticado que en el pliego de condiciones del contrato de venta del terreno no se establecieran criterios de control y fiscalización para garantizar que todos los adjudicatarios cumplían con los requisitos para optar a una VPP. Por ello, asegura que se extremará la vigilancia en las parcelas que recientemente ha cedido del Ayuntamiento de Alicante a Generalitat para que se construyan viviendas públicas dentro del Plan VIVE.
Compromís pide todos los listados
Por su parte, Compromís ha solicita un doble informe, tanto al Patronato Municipal de la Vivienda como a Patrimonio, sobre todas las viviendas públicas y de protección oficial de la ciudad.
Su portavoz, Rafa Mas, asegura que "queremos saber el procedimiento, los listados y los posibles adjudicatarios de las 15 viviendas dependientes del Patronato destinadas a jóvenes en El Portón, además de las 14 futuras viviendas de San Gabriel, también del Patronato, y las 13 viviendas de Rabassa para alquiler asequible, en este caso, de la Conselleria".
Rafa Mas, portavoz local de Compromís, pide el listado de beneficiarios de todas las viviendas públicas y sociales de Alicante
Sumar acude a la Fiscalía
Por último, el Movimiento Sumar ha ido un paso más allá y ha presentado ya una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en Madrid. Lo hace por si los hechos son constitutivos de delitos contra la Administración Pública.
En su escrito al fiscal, la coalición destaca que "el hecho de que personas con responsabilidades políticas, técnicas o vínculos familiares directos con altos cargos municipales resulten adjudicatarias de viviendas públicas destinadas a fines sociales resulta relevante y digno de especial examen, al tratarse de recursos públicos limitados cuya adjudicación debe regirse por los principios de igualdad, objetividad, transparencia y ausencia de trato de favor".
Por ello, "sin prejuzgar la legalidad de tales actuaciones, resulta necesario verificar si se cumplieron los deberes legales de abstención, así como si el procedimiento se desarrolló sin trato preferente, ventaja informativa o interferencia indebida".