El comité de huelga de La Alcoyana denuncia tres expedientes sancionadores con riesgo de despidos
CGT acusa a Vectalia de "represión sindical" en pleno conflicto laboral y la empresa justifica la medida basándose en denuncias por presunto acoso entre trabajadores
Un autobús de Vectalia, parado a la espera del paso de la manifestación del pasado 10 de enero / Radio Alcoy
Alcoy
La tensión laboral en Automóviles La Alcoyana del grupo Vectalia se intensifica. El Comité de Huelga ha denunciado públicamente la apertura de expedientes sancionadores contra tres delegados sindicales, una medida que el sindicato interpreta como un paso previo al despido en el marco de la huelga indefinida que mantiene la plantilla.
Según el comunicado emitido por la CGT y el Comité de Huelga, la empresa "está vulnerando el derecho fundamental a la huelga recogido en la Constitución". Los representantes de los trabajadores califican las acusaciones de "falsas y manipuladas", asegurando que se basan en supuestos enfrentamientos verbales que, según su versión, no ocurrieron. Sostienen que su actuación ha sido "estrictamente legal y normalizada": no ha habido bloqueo de servicios mínimos, ni daños materiales ni actos vandálicos, y están respaldados por informes policiales que acreditarían la ausencia de incidentes graves, aseguran
Para los representantes sindicales, este episodio se suma a ocho despidos previos y múltiples sanciones, lo que definen como una "estrategia de represión sindical". Critican duramente a la Generalitat Valenciana y a los ayuntamientos afectados por su "silencio" ante la gestión de las licitaciones públicas de la empresa.
La dirección de Vectalia ha confirmado la apertura de los expedientes, aunque desvincula la medida de una persecución sindical. La empresa sostiene que la decisión responde a la recepción de denuncias por escrito de otros empleados que manifiestan haber sufrido situaciones de acoso. Fuentes de la compañía indican que se han iniciado las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos relatados por los trabajadores denunciantes, que sólo se aplicarán medidas disciplinarias una vez analizada toda la información y si se consideran "procedentes" y que el objetivo final, según la empresa, es garantizar los derechos y la integridad del conjunto de la plantilla frente a posibles conflictos internos.
