El Sindicat de Barri de Carolines critica al PP por favorecer intereses privados con las viviendas protegidas

Alicante

El escándalo político en torno a las VPP del residencial Les Naus, en la playa de San Juan de Alicante, coincide en un momento de emergencia habitacional grave, en el que muchas personas son desahuciadas de sus hogares cada semana y en el que la gran mayoría de ciudadanos tiene que destinar una buena parte de su salario a pagar un alquiler.

Desde el Sindicat de Barri de Carolines critican la gestión que está haciendo el Partido Popular con las viviendas de protección ya que, aseguran, "favorece intereses privados tanto de particulares como de empresas".

Su portavoz, Carlos Pastor, pone como ejemplo el Plan Vive, en el que el precio del metro cuadrado en Alicante se sitúa en los 2.400 euros, cuando en el mercado libre oscila entre los 2.400 y 2.900 euros, lo que demuestra que las VPO "no resuelven el problema de acceso a la vivienda".

Además, señala que el EVhA, la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, solo gestionaría el 11% de las viviendas del Plan Vive. Recuerda que este organismo ya ha demostrado su ineficacia con largas listas de espera y con la ejecución de desahucios.

Señala que las actuales VPO benefician principalmente a personas con capacidad de inversión, como ha sido el caso, por ejemplo, de la edil de Urbanismo. Así mismo, creen que a largo plazo estas viviendas acabarán en manos privadas o fondos buitre, reproduciendo la misma problemática de especulación.

Desde el Sindicat de Barri de Carolines insisten en que las medidas que pondrían solución a la emergencia habitacional son los alquileres indefinidos, parque de vivienda pública gestionado directamente desde la administración, el uso del derecho de tanteo para que el consistorio amplíe el parque público de vivienda.

Informe de la Dirección Territorial de Alicante

Semana caliente, esta primera de febrero, en la que se esperan novedades importantes acerca de esta polémica que salpica a altos cargos del Ayuntamiento de Alicante y que ya ha tenido consecuencias inmediatas.

Por el momento, han dimitido la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, y la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez Hickman, cuyos dos hijos y sobrino han obtenido una de estas 134 viviendas del residencial Les Naus.

A lo largo de la mañana de este lunes se espera que la Dirección Territorial de Vivienda de Alicante remita el informe detallado que ha solicitado la Secretaría Autonómica de Vivienda sobre el expediente de visado de esta promoción.

El departamento dependiente de la Conselleria dirigida por Susana Camarero quiere tener constancia, entre otras cosas, de la acreditación documental del cumplimiento de los requisitos legales por los beneficiarios, si la propia Dirección Territorial realizó las comprobaciones preceptivas para el otorgamiento de los visados de contrato o la identificación de las personas intervinientes en el expediente.

La propia Conselleria asegura que los beneficiarios cumplían todos los requisitos, pero quieren comprobar que no ha habido manipulación con dicha información.

Recordemos también que el alcalde, Luis Barcala, ha ordenado un expediente de averiguación de hechos, y que formaciones políticas como SUMAR ya han llevado el caso a Fiscalía, y otras como el PSOE están esperando la documentación solicitado a la Generalitat para hacerlo.