El PSOE detecta hasta cinco posibles delitos en el escándalo de las VPP de playa de San Juan y presenta una denuncia en Fiscalía

Alicante

Continúa la polémica en torno al escándalo de las VPP de la playa de San Juan dando un paso más hacia su judicialización. Y es que el PSOE ha registrado hoy una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción de Alicante tras detectar la presunta comisión de hasta cinco delitos relacionados con adjudicación de estas viviendas públicas construidas en una parcela municipal.

Los hechos, ocurridos bajo el primer mandato de Barcala como alcalde, recuerdan los socialistas, podrían ser constitutivos de presuntos delitos de prevaricación administrativa, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y conflicto de intereses, estafa, fraude a la Administración y fraude de ley con relevancia penal, según los socialistas.

La portavoz local del PSOE, Ana Barceló, señala que "el gobierno de Barcala podría haber vulnerado el derecho de acceso a la vivienda, que debe responder al interés general". Por eso, añade que han pedido a la Fiscalía que "investigue lo que ha ocurrido".

"Lo que estamos viviendo es un escándalo, teniendo en cuenta que en la ciudad de Alicante existen más de 5.400 familias en lista de espera para acceder a una vivienda pública, y cuando cada vez son más las familias que se tienen que marchar de la ciudad por la imposibilidad de pagar el precio de una vivienda en alquiler o en propiedad", señala. "Cuando hablamos de suelo público y vivienda protegida hablamos del interés general, y cuando ese derecho se puede haber visto vulnerado, acudimos a Fiscalía", aclara la portavoz socialista.

Pleno extraordinario

En este sentido, Barceló, al igual que el resto de la oposición, sigue exigiendo al alcalde que dé explicaciones públicas y que convoque un pleno extraordinario, además de poner en marcha una comisión de investigación.

Y es que, asegura, "Barcala no actuó con la transparencia exigible y no estableció los controles necesarios en una cuestión tan sensible como la vivienda protegida sobre suelo municipal". Por ello, considera que la dimisión de la concejala de Urbanismo y de la directora general no es suficiente y exige "dirimir todas las responsabilidades".