Las víctimas de la DANA reclaman a la Generalitat que asuma las indemnizaciones

Valencia

Las dos asociaciones que representan a los afectados por la DANA del 29 de octubre de 2024 —la Associació de Víctimes de la DANA 29 d’Octubre de 2024 y la Asociación de Víctimes Mortales de la DANA 29‑O— han exigido públicamente a la Generalitat Valenciana que reconozca a las víctimas mortales y asuma las indemnizaciones pendientes. Según ambas entidades, quince meses después de la tragedia la administración autonómica no ha abonado ni una sola compensación a los familiares de las personas fallecidas, mientras sí ha activado ayudas por daños materiales, como en vehículos, bienes afectados o gastos escolares.Las asociaciones califican esta situación de "dolorosa y ofensiva" para las familias, que continúan sin un gesto de reparación institucional pese al tiempo transcurrido.

Críticas a las comparaciones institucionales

Las asociaciones consideran especialmente grave que desde ámbitos oficiales se hayan comparado las muertes provocadas por la DANA —que atribuyen a una gestión negligente de la emergencia— con las víctimas de un accidente ferroviario. Pese a mostrar respeto y solidaridad con los afectados por ese siniestro, subrayan que no puede equipararse un accidente con “la gestión criminal de una emergencia”, en la que existía información disponible y decisiones que no se adoptaron.También aclaran que el Estado ha abonado la misma indemnización básica en ambos casos. En el accidente de tren, recuerdan, se añadió la compensación del seguro incluido en el billete, lo que elevó la cantidad final, pero no se trata de una mayor indemnización pública, por lo que consideran irresponsable usar ese argumento para justificar la falta de actuación autonómica.

Las asociaciones denuncian además que tampoco se han asumido responsabilidades políticas. Señalan que, quince meses después, continúan en sus cargos quienes integraban el Consell responsable de la gestión del episodio, incluido el diputado Carlos Mazón y los consellers Camarero, Rovira y Barrachina.Las entidades concluyen que el respeto a las víctimas empieza por evitar comparaciones “capciosas”, continúa con la búsqueda de verdad y justicia, y debe materializarse en una reparación efectiva: “Las víctimas no son un argumento político ni una cifra, sino vidas truncadas que merecen dignidad y responsabilidad institucional”.

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