El alcalde de Alicante niega que supiera que la edil dimitida se adjudicase la VPP y jura que las casas irán a quien corresponde

Alicante

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, del PP, ha pedido públicamente "disculpas" por el "escándalo" en torno a la adjudicación de las viviendas públicas en la Playa de San Juan y ha jurado que no se detendrá hasta que éstas sean para las personas que las merecen.

En un salón de Plenos lleno como nunca, ante la gran expectación mediática y de público, la sesión ha comenzado con la oposición apuntando directamente a Barcala y exigiendo su dimisión por ser, dicen, el responsable último de este escándalo.

Entre otras cuestiones le han acusado de no hacer nada pese a conocer un informe interno que alertaba de un posible conflicto de intereses. También de haber permitido que la edil del Urbanismo, Rocío Gómez, participara en cuestiones relacionadas con esta promoción una vez que ya era cooperativista. Y lamentan la falta de controles por parte del PP, una vez enajenada la parcela pública.

Mientras, el PP, a través de su portavoz, Mari Carmen de España, ha defendido la labor del alcalde desde que se conoció el escándalo. Dice que se exigieron dimisiones, se investigó internamente y se acudió a Fiscalía. Responsabilidades, decía, que no ha tenido todavía el gobierno central en el caso del accidente del tren de Adamuz, y afirmación que le ha valido el abucheo del público asistente.

Tras esto, ha llegado el turno de las explicaciones del primer edil, Luis Barcala. Asegura que la única labor del Ayuntamiento ha sido enajenar la parcela, pero que no depende del consistorio ni la decisión de los adjudicatarios, de la cooperativa, o los visados de las adjudicaciones, de la Generalitat.

El alcalde ha comenzado su comparecencia pidiendo perdón a la ciudadanía por un escándalo que, dice, le abochorna y por eso se exigieron dimisiones, se investigó internamente y se acudió a Fiscalía en cuanto tuvo conocimientos de los hechos, dice. Asegura que no conocía estas adjudicaciones y, mucho menos, que una de sus concejalas fuera una de las beneficiarias.

Perdón sin asumir responsabilidades

Eso sí, evita asumir cualquier responsabilidad ya que, asegura que la única labor del Ayuntamiento ha sido enajenar la parcela, pero que no depende del consistorio ni la decisión de los adjudicatarios, de la cooperativa, o los visados de las adjudicaciones, de la Generalitat.

Añade, además, que la decisión de escoger esa parcela para vivienda protegida se tomó en 2007, en el gobierno del también popular Luis Díaz Alperi. Añade que el proyecto se retomó en 2016 por el tripartito de izquierdas y que él no accedió a la alcaldía hasta mediados de 2018.

Decidieron continuar con el expediente porque ya estaba muy avanzado y no había mas promociones de vivienda pública en la ciudad.

Vox y la oposición piden la dimisión a Barcala

Además de Carmen Robledillo, de Vox, la socialista Ana Barceló ha exigido la dimisión del alcalde por los "chanchullos" del PP.

Cree que ha podido haber información privilegiada y fraude a la Hacienda pública ya que se han adheridos pisos "que no los quieren para vivir sino para especular" a partir de revenderlos con pagos en 'A' y en dinero negro con el fin de "sacar una parte del pastel".

Desde Compromís, su portavoz, Rafa Mas, ha recalcado sentir "vergüenza" y ha urgido a acudir a los juzgados a pedir la expropiación forzosa, en perjuicio de los que se han llevado una vivienda irregularmente y también a que se ponga a disposición judicial.

El portavoz de EU-Podem, Manolo Copé, ha afirmado en su turno que lo sucedido no es un "error puntual" sino "la aplicación consciente y voluntaria del modelo de vivienda del PP" en un caso que coloca a la ciudad en "la vergüenza nacional".

Barcala no se ha pronunciado sobre esta petición de dimisión pedida por toda la oposición e incluso Vox (en quien se apoya puntualmente en la acción de gobierno).