La Policía Nacional detiene en València a un notario y dos abogados por expolio a una octogenaria con alzhéimer

València

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a cinco personas, cuatro hombres y una mujer de entre 46 y 71 años, como presuntos autores de los delitos de prevaricación, falsedad en documento público, estafa, delito contra los derechos de los trabajadores y deslealtad profesional. Los detenidos son el notario donde se realizaban las compraventas, los dos abogados de la víctima, la cuidadora de esta última y el comprador de los inmuebles. Aprovecharon las circunstancias de vulnerabilidad de la afectada, la cual padece una enfermedad degenerativa, estimando los beneficios obtenidos en torno a 785.000 euros. La mujer llegó incluso a ser hospitalizada durante varios días, encontrándole tóxicos en su cuerpo.

El juez de València que investiga el supuesto expolio de patrimonio que sufrió una anciana con alzhéimer por parte de cinco personas, entre ellas un notario, dos abogados y su cuidadora, ha abierto también una línea de investigación por un posible delito de homicidio en grado de tentativa.

Según informa a EFE el Tribunal Superior de Justicia valenciano, ese posible delito no se atribuye en estos momentos directamente a ninguno de los investigados pero se investiga "después de que un informe médico haya constatado la presencia una sustancia química en el organismo de la víctima que puede resultar mortal para una persona de su edad y sus dolencias".

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de València recibió este miércoles, durante su servicio de guardia, a los cinco detenidos y acordó, conforme a lo solicitado por el Ministerio Fiscal, la libertad provisional de todos ellos.

Para cuatro de los detenidos -dos abogados, una cuidadora de la víctima y otro particular- el magistrado adoptó como medidas cautelares la retirada de pasaporte y prohibición de salida del territorio nacional, así como comparecencias en sede judicial cada quince días.

Para el quinto detenido, notario, el magistrado no adoptó medidas cautelares al entender que los indicios de su participación en los hechos son menores que los existentes contra los otros cuatro investigados.

La causa está abierta inicialmente por delitos de estafa, apropiación indebida y hurto, sin perjuicio de ulterior calificación, según el TSJCV.

La investigación, a raíz de la denuncia de un familiar

Las investigaciones se iniciaron en el mes de junio de 2025, por parte de los agentes de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito de Ruzafa, a raíz de la denuncia recibida por parte de la familia de la perjudicada, la cual, manifestaba que cada vez le resultaba más difícil contactar con ella o mantener encuentros presenciales. Esto les empezó a generar inquietud, procediendo a consultar la situación patrimonial de la víctima en el Registro de la Propiedad, pudiendo comprobar que la totalidad de los bienes inmuebles habían sido enajenados.

Los denunciantes pudieron constatar que la mujer había procedido a la venta de sus inmuebles, con el asesoramiento e intervención de dos letrados, que resultaban ser también abogados de la parte compradora. Por este motivo, las ventas se realizaron por un valor muy inferior al que realmente tenían los bienes inmuebles en cuestión. Además, todas se llevaron a cabo ante el mismo notario, que era el encargado de dar legalidad al acto, e incluso en la venta del piso donde residía la afectada, pese a transmitirse en régimen de nuda propiedad, se llegaron a establecer condiciones gravosas y desfavorables para ella, que contemplaban la posible pérdida del usufructo.

Durante las primeras pesquisas llevadas a cabo por los investigadores, se pudo corroborar la presencia de todos los investigados en las operaciones, producidas todas ellas en poco más de un año. Los abogados, realizaban un doble asesoramiento, favoreciendo al comprador y dejando totalmente desprotegida a la vendedora. Estos últimos habían obtenido un poder de subsistencia que les facultaba a poder administrar todo el patrimonio de la víctima, la cual, tenía Alzheimer.

Posteriormente, pudieron averiguar que el notario se personó junto con el comprador al objeto de hacer gestiones para suprimir el usufructo de la afectada, entrevistándose con vecinos y realizando preguntas encaminadas a demostrar que ella ya no vivía allí, cuando sí era su vivienda habitual.

Se averiguó que la cuidadora había sido incluida en el testamento Realizadas las gestiones oportunas, los agentes constataron que la cuidadora, había sido incluida en el testamento, siendo ésta, la persona que mayor influencia ejercía sobre la octogenaria y encargada de realizar las extracciones de dinero de la cuenta de la mujer.

Como consecuencia de todas estas operaciones, los beneficios obtenidos eran de aproximadamente unos 785.000 euros.

Es por ello que, la operación finaliza con la detención de estas cinco personas, como presuntas autoras de los delitos de prevaricación, falsedad en documento público, estafa, delito contra los derechos de los trabajadores y deslealtad profesional, respectivamente.

Los arrestados, uno de ellos con antecedentes policiales, han pasado a disposición judicial.

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