Debate en Albaida por los ascensores municipales: seguridad, presupuesto y críticas de la oposición
La oposición denuncia cinco meses de cierre insostenible, mientras el alcalde defiende que las reparaciones se ejecutan por responsabilidad y cumplimiento de la normativa
Albaida (La Vall d'Albaida)
Compromís per Albaida, en la oposición al gobierno municipal de Albaida, ha denunciado públicamente la clausura de los ascensores municipales y ha calificado la situación de “insostenible” tras cinco meses cerrados. La formación asegura que, en un primer momento, pensaron que se trataba de una falta de previsión, pese a que, según indican, el equipo de gobierno conocía la situación desde hacía meses.
Según explican, una vez cerradas las instalaciones trasladaron la cuestión al pleno municipal, pero sostienen que el gobierno local “ya no mostró ninguna intención en solventarlo”. Ante la prolongación del cierre, han decidido hacerlo público en redes sociales y advierten de que mantener servicios “más que básicos” como los ascensores “no da titulares ni fotos”, pero recuerdan que “las personas mayores o las personas con discapacidad no tienen culpa”.
La respuesta del consistorio ante la polémica
Por su parte, el alcalde de Albaida, Juan Carlos Roses (PP), ha defendido que “los tres ascensores municipales no se cerraron por ningún capricho, sino por responsabilidad”. Según ha explicado, en 2025, con la entrada en vigor de una normativa de seguridad más exigente, las revisiones resultaron desfavorables y obligaban al Ayuntamiento a actuar.
“El problema no era técnico, sino económico”, ha señalado el alcalde, quien ha indicado que la situación presupuestaria no permitía asumir de manera inmediata una inversión cercana a los 35.000 euros que no estaba contemplada en el presupuesto de 2025 para la subsanación de los tres ascensores. Roses ha afirmado que gobernar implica “priorizar y planificar con los recursos disponibles”.
El primer edil ha informado de que, con el presupuesto municipal de 2026 ya aprobado, el procedimiento está en marcha y se ha firmado el contrato para que la empresa adjudicataria ejecute las reparaciones. Asimismo, ha defendido que cumplir la ley “no es opcional” y ha apelado a la responsabilidad institucional para garantizar la seguridad.
