El exconcejal de Vivienda de Barcala considera "insuficiente" que Pérez-Hickman solo dimita como directora general

Alicante

Este miércoles ha pasado por El Abierto de Hoy por Hoy Alicante una voz autorizada para hablar sobre el escándalo de las viviendas públicas de Playa de San Juan. José Ramón González, que fue concejal de Vivienda entre 2019 y 2023, considera que la dimisión de María Pérez-Hickman como directora general, cargo de confianza de Barcala, "no es suficiente" porque ha regresado, asegura, "al sitio donde surgió todo", es decir, a Contratación.

Recordamos que esta funcionaria, que desde 2024 era directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, renunció a los pocos días de saltar a la luz este escándalo porque sus dos hijos y un sobrino habían sido adjudicatarios de una vivienda.

Sin embargo, regresó a su puesto de jefa del área de Contratación, que fue, además, el departamento que, en su día, tramitó la venta o enajenación de la parcela municipal a la cooperativa que construyó la urbanización. Por ello, González cree que la dimisión de la funcionaria, renunciando solo a su cargo de confianza, "es insuficiente".

Mejor otras parcelas

Además, el exconcejal popular también considera que fue un error destinar esta parcela municipal para construir vivienda pública, en una de las zonas consideradas, dice, una "milla de oro" de Alicante.

En este sentido, cree que hubiera sido mucho mejor centrar los esfuerzos municipales en otros barrios más necesitados de viviendas protegidas y que, además, habrían sido más económicas.

Compromís pide los consumos de agua

Por otra parte, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, critica que el alcalde anunciara "a bombo y platillo" que el Ayuntamiento de iba a enviar a la Policía Local a verificar si los residentes en Les Naus eran realmente los adjudicatarios. Una operación que, asegura, al ser anunciada antes, "perdió toda eficacia".

Rafa Mas asegura que lo que hizo el primer edil "fue avisar a los que pudieran haber cometido una irregularidad". Por ello, insiste en que se deben cruzar los datos de consumo de agua de estas viviendas y los titulares de las facturas para comprobar quién realmente reside en esta urbanización.