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Paralizan un deshaucio en Gandia de una familia víctima de los fondo buitre

La comitiva judicial retrasa el desahucio de Mohamed y su familia hasta el 25 de marzo en el primer intento de lanzamiento

Momento en el que se consiguió paralizar el desalojo. / M. Ferrer.

Momento en el que se consiguió paralizar el desalojo.

Gandia

La comitiva judicial se presentaba este martes 17 de febrero en la vivienda de la calle Pellers, en el barrio del Raval de Gandia, para ejecutar el lanzamiento de Mohamed y su familia, residentes en el municipio desde 2004. Sin embargo, el desahucio ha quedado aplazado hasta el próximo 25 de marzo. El hecho de que se tratara del primer intento de ejecución y que la propiedad pertenezca a una gran entidad jurídica ha permitido frenar el proceso momentáneamente.

Mohamed, trabajador del sector de la naranja, adquirió la vivienda mediante una hipoteca con el BBVA. Tras la crisis de 2008 y la inestabilidad laboral, en 2012 se acogió a una moratoria hipotecaria que ha finalizado este 2024. Durante este tiempo, la titularidad del inmueble ha pasado por varias manos hasta llegar a Coliseum, sociedad vinculada al fondo de inversión Cerberus Capital Management, especializado en la obtención de beneficios a través de ejecuciones hipotecarias.

"Solo somos cifras en una hoja de cálculo" Desde el Sindicat d’Habitatge de la Safor, el abogado que asesora a las familias denuncia que el sistema actual protege los intereses de estos fondos por encima del derecho a la vivienda, afirmando que "las familias son únicamente cifras en una hoja de cálculo y no personas con derechos".

Mohamed, que vive con su mujer y tres hijos, uno de ellos menor, lamenta la imposibilidad de acceder a un alquiler o compra asequible en la ciudad: "Solo queremos un piso real. Hay pisos que piden 140.000 o 150.000 euros en un segundo o tercero sin ascensor", explica sobre la burbuja de precios que sufre el municipio.

El aplazamiento supone un respiro para la familia, pero la fecha del 25 de marzo queda fijada como el nuevo plazo en el que podrían ser obligados a abandonar su hogar. El caso sigue poniendo de relieve la vulnerabilidad de las familias frente al poder de los grandes tenedores de vivienda.

 

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