Los socialistas llevan a Fiscalía una permuta de VPP que Catalá adjudicó "irregularmente" a una promotora

València

El portavoz socialista en València, Borja Sanjuan, ha anunciado que llevará a la Fiscalía el presunto fraude cometido en la permuta del Ayuntamiento con una promotora que entregará 39 viviendas de protección pública ya construidas a cambio de suelo municipal para 250 viviendas y 1,7 millones de euros.

Sanjuan, que ha comparecido en rueda de prensa junto a Elisa Valía, ha denunciado que la promotora resultó adjudicataria de la permuta irregularmente porque incumplía uno de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones, que las viviendas no estuviesen comercializadas. Una exigencia que no reunía porque un año antes había alcanzado acuerdos para venderles las viviendas a 39 familias que incluso habían abonado 1.000 euros en concepto de reserva.

Sanjuan ha señalado que la empresa solo podía resultar adjudicataria si presentaba una declaración responsable garantizando que cumplía con todos los requisitos, algo que, sin embargo, no sucedía por la operación que había sellado con las 39 familias afectadas que, además, cumplan con las condiciones para que les entregasen una VPP. Pese a todo, ha explicado, el Ayuntamiento le otorgó la permuta, lo que implica que o se aprobó el acuerdo irregularmente o se falsificó la documentación.

39 familias afectadas

“Nos hemos reunido con las familias afectadas y nos han aportado la documentación que demuestra que la empresa quiso rescindir el acuerdo que habían alcanzado para comercializar las viviendas e incluso que se ofreció a devolverles el dinero. Les hemos explicado que el acuerdo con el Ayuntamiento no solo es indecente porque deja a 39 familias sin viviendas sino que, además, también podría ser constitutivo de delito. Por eso, hemos decidido llevar toda la documentación a la Fiscalía”, ha continuado.

El responsable socialista ha hecho hincapié en que estamos “frente a un nuevo pelotazo como el de las viviendas protegidas de Alicante. Pedimos absoluta transparencia en este caso y que el Ayuntamiento actúe con toda la contundencia. En primer lugar, paralizando esta operación especulativa y después, dando todas las explicaciones oportunas. Visto lo sucedido en Alicante y sin querer culpar a nadie, Catalá debe aclarar inmediatamente si era conocedora de esta situación o si autorizó la operación siendo consciente de que la empresa ya había apalabrado las viviendas con 39 familias valencianas que cumplían los requisitos para recibir una vivienda protegida pública”, ha incidido.

La permuta que los socialistas llevarán a Fiscalía hace referencia a un edificio residencial de ocho plantas ubicado en la calle José Roca Coll de Patraix que no solo integra 39 viviendas de 90 metros cuadrados, la mayoría de tres habitaciones, sino que, además, cuenta con 30 plazas de garaje y 21 trasteros en una superficie total construida de 6.115 metros cuadrados y que ha sido desarrollada por Domio. Las familias afectadas entregaron 1.000 euros como reserva de las viviendas, que tenían un precio de 230.000 euros más IVA.

Tras la permuta con el Ayuntamiento, las 39 familias se han quedado ahora sin la vivienda que habían señalizado tres años antes, en plena escalada del precio de la vivienda en València, con precios en máximos históricos.

PP: "Es falso, quieren tapar sus casos de corrupción"

El gobierno municipal asegura que el proceso de la permuta ha sido limpio y se ha cumplido con toda la legalidad. Es lo que asegura el concejal portavoz, Juan Carlos Caballero, que de paso tira de manual.

Insiste en que lo que deben hacer el PSPV es pedir perdón por no haber construido apenas vivienda pública durante los ocho años que estuvieron en el ayuntamiento y cree que la denuncia ante la Fiscalía busca tapar los casos de corrupción y agresiones sexuales en los que están implicados cargos socialistas.

Insiste en que en el momento de la adjudicación, la promotora acreditó el cumplimiento de todos los requisitos, también el de que las empresas no estuvieran comercializadas, mediante la correspondiente declaración responsable.

Por último, remarca que el Ayuntamiento de Valencia ha llevado a cabo el proceso con todas las garantías para otorgar seguridad jurídica tanto a las empresas adjudicatarias como a los futuros beneficiarios de las viviendas protegidas.

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