El alcalde de Alicante, sobre la VPO de su mujer: "Todo es legal, soy víctima de una cacería"

Alicante

El goteo de informaciones sobre la vivienda protegida en Alicante no cesa y, esta vez, el foco apunta al alcalde de Alicante, Luis Barcala. En concreto, a su mujer. Y es que, según publica hoy Eldiario.es, la esposa del primer edil percibe el alquiler de una VPO que adquirió en el año 2006 y en la que nunca residió.

Barcala niega irregularidades

Por su parte, en una comparecencia pública sin preguntas, Luis Barcala ha negado cualquier irregularidad ya que, asegura, esas viviendas podían destinarse al arrendamiento de terceros. Y habla de una cacería política contra su persona.

Se trata de un inmueble en el Residencial Los Lirios, en el barrio de Benisaudet, una propiedad que compró por subrogación de préstamo cuando ya formaba una unidad familiar con Barcala.

Según las informaciones publicadas, la esposa del primer edil nunca ha llegado a vivir en esa casa, que se ha destinado desde el principio al alquiler. Cuando adquirió la vivienda, ya estaba casada con Barcala y éste desempeñaba el cargo de secretario de Estudios y Programas del PP local. Ambos compartían, además, un despacho de abogados.

La urbanización en cuestión se orientó para alquiler, principalmente para parejas jóvenes y familias monoparentales. La mujer del alcalde compró la vivienda vía subrogación a través de un préstamo de casi 70.000 euros, que terminó de abonar en 2016.

"Todo legal, es una cacería"

Sin embargo, el primer edil alicantino justifica que el plan parcial de aquella zona permitía que una docena de esos pisos se destinaran precisamente al arrendamiento de terceros y siempre a un precio regulado. Además, añade que no era obligatorio que los propietarios residieran en el inmueble ni que cumplieran con los requisitos para optar a una VPO, sino que debían hacerlo los que alquilaran la vivienda.

El primer edil desliga esta cuestión del escándalo de las viviendas públicas de lujo en la playa de San Juan. Tras hacer un repaso de las actuaciones realizadas por su equipo de gobierno para detectar cualquier irregularidad en estas VPP, asegura que la información aparecida este viernes sobre su mujer es una cacería política que ha traspasado a la esfera personal.

El Consell defiende la legalidad y la oposición pide la dimisión

El portavoz del gobierno autonómico, Miguel Barrachina, ha defendido a preguntas de los periodistas, a su compañero de partido. Al igual que argumenta el primer edil, asegura que todo el proceso ha sido siempre legal.

Críticas de la oposición

Pese a ello, en el contexto de emergencia habitacional que vive la ciudad, el hecho de que el entorno del máximo responsable municipal obtenga rentas de una vivienda promovida con dinero público ha sido ya criticado por la oposición.

Vox, socio preferente del PP en el Ayuntamiento y en la Generalitat, sigue acorralando al alcalde. Su portavoz en Les Corts, José María Llanos, quien ya ayer pedía su dimisión si se confirmaba que, por acción u omisión, tenía algo que ver con el escándalos de las VPP de Playa de San Juan, insiste hoy en que, "si se ha cometido alguna irregularidad, hay que perseguirlas y que se diriman todas las responsabilidades".

Por su parte, desde el PSPV-PSOE, el diputado Víctor Camino asegura que no es ninguna campaña contra Barcala "porque esto no es un caso aislado".

También exige su dimisión el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, quien asegura que este es el modelo del PP y su gestión de la vivienda pública. Critica que "se basa en artimañas para que familiares, amigos y cargos públicos se queden con todas que quieran".

Este nuevo frente se abre justo cuando la Policía Local ha inspeccionado "puerta a puerta" la urbanización Les Naus donde cargos del PP, funcionarios y familiares se beneficiaron de una vivienda pública. Un escándalo que se ha cobrado las dimisiones de la edil de Urbanismo y una directora general, cargo de confianza de Barcala. Mientras el juzgado de Instrucción número 5 y Les Corts Valencianes inician sus propias pesquisas, la presión política sobre el equipo de gobierno municipal aumenta.