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PSPV y la edil no adscrita Saray González acuerdan una moción de censura en L’Alqueria d’Asnar y pactan una alcaldía compartida

La parálisis institucional y la situación judicial del actual alcalde, César Palmer, derivan a este pacto de gobierno que repartirá la vara de mando al 50% lo que queda de legislatura

Una vista de l'Alqueria d'Asnar. / Radio Alcoy

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El Ayuntamiento de L’Alqueria d’Asnar encara un cambio de ciclo político. Este viernes, los concejales del PSPV-PSOE Andreu Ripoll, Sofía Domínguez y Rubén Colomina junto a la concejal no adscrita Saray González, han registrado formalmente una moción de censura contra el actual alcalde, César Palmer. El objetivo pasa por poner fin a meses de "grave parálisis" que mantienen bloqueada la gestión municipal, según los firmantes.

El trasfondo de esta moción se asienta en el aislamiento político del alcalde César Palmer se encontraba gobernando en minoría técnica después de que los concejales en el gobierno renunciaran a sus delegaciones y pasaran a la oposición. El comunicado de los firmantes sobre la moción alude a procedimientos judiciales en curso en los que presuntamente estaría implicado el alcalde, lo que, según la oposición, exige un "contrapeso institucional adecuado" para proteger la imagen y el funcionamiento del municipio.

La moción registrada a las 9:30 de la mañana de este viernes 20 de febrero es el resultado de tres meses de negociaciones. Los cuatro firmantes plantean un pacto en el que en el primer periodo la alcaldía será asumida por Saray González, con Andreu Ripoll como primer teniente de alcalde. En el segundo periodo se invertirá el orden, y Andreu Ripoll cerrará la legislatura como primer edil.

Cualquier decisión estratégica —como presupuestos, contrataciones o personal— requerirá el acuerdo unánime de los cuatro miembros del nuevo equipo de gobierno

Primeras medidas: Auditoría y Presupuestos

La prioridad absoluta del nuevo ejecutivo será la transparencia. Por ello, se ha anunciado la creación inmediata de una comisión interna para revisar la situación económica del Ayuntamiento. El compromiso pasa por presentar un presupuesto municipal ajustado a la realidad en un plazo máximo de 30 días tras la toma de posesión.