El Gobierno recurrirá al Tribunal Constitucional los cambios en la ley trans valenciana
El ejecutivo central también recurre la ley de Costas
José María Llanos (Vox) y Miguel Barrachina (PP) en les Corts (Foto: José Cuéllar/Corts Valencianes) / José Cuéllar/Corts Valencianes
Valencia
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un acuerdo para la interposición, por parte del presidente del Gobierno de España, de un recurso de inconstitucionalidad contra las modificaciones en la ley trans de la Comunitat Valenciana, al considerar que, entre otras cuestiones, "patologizan" a las personas trans.
Las modificaciones se enmarcan dentro de la Ley valenciana de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat (conocida como Ley de Acompañamiento), y detallan, por ejemplo, que para iniciar el tratamiento farmacológico los menores deberán estar acompañados por profesionales de la salud mental.
Asimismo, el Gobierno considera que la norma valenciana no garantiza la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos en tanto que modula la prohibición de las terapias de conversión, vulnera derechos de las personas menores de edad a participar en decisiones que les afectan, y contraviene obligaciones previstas por la regulación estatal en materia educativa.
En un comunicado, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Víctor Ángel Torres, ha subrayado que las modificaciones hechas a la ley "impiden la autodeterminación de esa orientación de sexo por quien lo decide de manera absolutamente libre"."Lo hicimos también con respecto a la Comunidad de Madrid y lo vamos a hacer con respecto a cualquier comunidad que apruebe leyes de involución", ha advertido Torres.
Ley de Costas
Además, impugnan ante el Tribunal Constitucional del artículo 17, la disposición final primera y la disposición adicional cuarta de la Ley de protección y ordenación de la costa valenciana.
El Ejecutivo central considera que lo establecido sobre los conjuntos de edificaciones residenciales, comerciales o vinculados a actividades económicas tradicionales incumple la normativa estatal.
Para el Gobierno, la norma autonómica se enmarca en "la situación de conflictividad existente" en relación con viviendas situadas en primera línea de la playa de Babilonia en la localidad de Guardamar del Segura (Alicante), frente al derribo de las mismas ordenado por la Dirección General de la Costa y del Mar del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).
Sigue toda la última hora en el canal de Whatsapp de Radio Valencia: haz clic aquí y suscríbete para recibir toda la información y la actualidad del día en tu móvil.
