Celia Carbonell lidera una comisión de juristas que propone en el Congreso reformar la LOPJ para indemnizar a condenados injustamente
Para la abogada eldense, el problema radica en que, según el artículo 294 de la LOPJ, solo quienes son privados de libertad de manera preventiva y posteriormente absueltos tienen derecho a indemnización
Celia Carbonell en imagen de archivo. / Cedida
Elda
Una comisión de juristas, encabezada por la abogada Celia Carbonell, Premio Hay Derecho 2024, ha registrado este martes en el Congreso de los Diputados una propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). La iniciativa busca corregir una laguna legal que impide que las personas que han cumplido condenas injustas reciban una compensación efectiva por parte del Estado, un derecho que actualmente solo se reconoce a quienes son privados de libertad de manera preventiva y luego absueltos.
Carbonell, quien ha vivido de cerca el impacto de un error judicial, relata el caso de Ahmed Tommouhi, condenado en 1992 por delitos sexuales que no cometió. Tras cumplir casi 16 años de prisión, su sentencia fue anulada por el Tribunal Supremo en 2023 gracias a nuevos elementos probatorios que acreditaron su inocencia.
A pesar de la nulidad de la condena, la solicitud de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado ha enfrentado numerosos obstáculos. La vía administrativa fue desestimada por silencio, y la demanda ante la Audiencia Nacional fue rechazada por considerar que no existía un error judicial evidente. Actualmente, el caso se encuentra pendiente de resolución en la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, un pronunciamiento que sería pionero en España.
El problema radica en que, según el artículo 294 de la LOPJ, solo quienes son privados de libertad de manera preventiva y posteriormente absueltos tienen derecho a indemnización. En cambio, quienes cumplen condenas tras sentencias firmes anuladas por el Tribunal Supremo deben demostrar una negligencia judicial grave, un requisito prácticamente imposible de cumplir.
“Es una contradicción flagrante: el Estado asume responsabilidad cuando priva de libertad de forma cautelar, pero impone barreras insalvables cuando el error es definitivo”, advierte Carbonell.
La petición ya está en la Mesa del Congreso. / Cedida
La petición ya está en la Mesa del Congreso. / Cedida
La reforma propuesta se basa en el Bloque de Convencionalidad, argumentando que España incumple tratados internacionales como el Protocolo nº 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establecen que la anulación de una condena debería ser suficiente para acceder a una compensación, sin necesidad de probar dolo o culpa del juez.
Con esta iniciativa, los promotores esperan poner fin a una discriminación legal que afecta a personas que han sufrido de manera irreversible la injusticia de condenas erróneas.
