Organizaciones agrarias piden la dimisión de Von der Leyen tras la activación provisional del acuerdo UE-Mercosur

Valencia

Organizaciones agrarias han pedido la dimisión de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, después de activar la aplicación provisional del acuerdo comercial UE-Mercosur y han denunciado que se han constatado "deficiencias" en los controles de Brasil y no pueden certificar "plenamente" que no se exporte carne hormonada.

De esta manera lo han expresado, en un comunicado, después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, haya anunciado este viernes que inicia el proceso para la aplicación provisional del acuerdo de libre comercio negociado por Bruselas con los países de Mercosur, después de que Argentina y Uruguay hayan completado sus respectivos procesos de ratificación en las últimas horas.

AVA-Asaja considera "especialmente grave" que este paso se produzca unos días después de que la Comisión haya publicado el informe final de auditoría DG(Sante) CT-2025-0241 sobre Brasil, en el que se concluye que "la recomendación crítica para garantizar que no se exporte a la UE carne procedente de bovinos tratados con estradiol 17 no ha sido abordada de forma satisfactoria".

El informe, según la asociación, reconoce que las medidas adoptadas por la autoridad brasileña "no han sido plenamente eficaces para excluir de la exportación a la UE carne de animales tratados con esta sustancia y que las deficiencias detectadas socavan la confianza en el sistema de control".

"No se entiende cómo, con estas conclusiones oficiales sobre la mesa, las instituciones europeas deciden acelerar un acuerdo que incrementa los contingentes de importación en sectores especialmente sensibles para España", ha subrayado. Asimismo, ha insistido en que "no se opone al comercio internacional, pero sí a acuerdos que no garantizan reciprocidad real en normas sanitarias, medioambientales y de bienestar animal, y que exponen a los productores europeos a una competencia desleal".

No obstante, la organización ha remarcado que "la batalla no está cerrada": "El acuerdo deberá seguir su recorrido institucional y, una vez que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre las dudas jurídicas planteadas, el Parlamento Europeo deberá votar su ratificación definitiva". "Un recurso de un Estado miembro ante el Tjue, como ya han anunciado públicamente Hungría y Polonia, podría suspender cautelarmente el acuerdo", ha indicado.

En este contexto, la asociación ha hecho un "llamamiento" al Gobierno central para que defienda "con firmeza" al sector agrario español y estudie la presentación de un recurso ante el TJUE, con el objetivo de "proteger los intereses de agricultores y ganaderos".

En esta línea, AVA-Asaja ha advertido de que "continuará con su calendario de movilizaciones y adoptará las medidas que considere necesarias para defender al campo español". Además, ha añadido que el proceso "no termina aquí, ya que el sector agrario no va a permanecer inmóvil ante decisiones que comprometen su viabilidad y la seguridad alimentaria europea".

Política comercial europea

Por su parte, la Unió Llauradora i Ramadera ha considerado que se trata de una "decisión precipitada, lesiva para el sector agrario y políticamente inaceptable" en el actual contexto institucional. "El sector agrario no puede seguir siendo la variable despreciable de la política comercial europea", ha señalado en un comunicado y ha añadido que "este acuerdo, tal y como está planteado, es claramente lesivo para nuestros agricultores y ganaderos, que deberán competir con producciones que no están sometidas a los mismos estándares sanitarios, medioambientales y sociales".

Con todo, la Unió ha denunciado que, "la cláusula de salvaguarda agraria anunciada por la Comisión no forma parte del texto del acuerdo y, por tanto, no ofrece protección real ni automática". A su juicio, se trata de un "mecanismo tardío y discrecional" que actúa cuando el "daño ya está hecho" y los agricultores y ganaderos "ya han sufrido pérdidas". Para la organización, el sector "no puede confiar en mecanismos que, además, dependen de decisiones discrecionales de la Comisión que ya estamos viendo cómo actúa".

Además, ha calificado de "especialmente grave" que se "impulse la aplicación provisional cuando la propia Comisión ha constatado deficiencias en los controles de Brasil recientemente, y que no puede certificar plenamente que no se exporta carne procedente de animales tratados con hormonas prohibidas en la UE". "Acelerar la apertura comercial en este contexto es una irresponsabilidad y la seguridad alimentaria no puede sacrificarse en nombre de la geoestrategia", ha subrayado.

Desde el plano institucional, la Unió acusa a la Comisión Europea de "forzar los procedimientos y vaciar de contenido el debate democrático". "La aplicación provisional no puede convertirse en un atajo para imponer hechos consumados", han sostenido. A su juicio, se está "reduciendo el margen real de los parlamentos y debilitando el control democrático en un asunto de máxima trascendencia económica y política".

Por ello, la organización ha protagonizado en los últimos meses "diversas movilizaciones" para protestar contra el acuerdo y su eventual aplicación provisional. Asimismo, ha recordado que ha mantenido reuniones con los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados y Les Corts, ha impulsado iniciativas para que la Cámara instara al Gobierno a no apoyar esta vía y remitió cartas formales a la Comisión Europea, a todos los eurodiputados españoles y al presidente del Gobierno, y ha trasladado su rechazo y sus argumentos técnicos.

"Tanto el PSOE como el Partido Popular deben dejar de respaldar una vía que compromete gravemente al sector agrario español e incorporarse al frente común del resto de fuerzas políticas del país", ha concluido.

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