El escándalo de 'Les Naus' cumple un mes: el indignante reparto de viviendas protegidas que desgasta a Barcala

Alicante

El escándalo en la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en el residencial Les Naus, en la playa de San Juan, cumple un mes en lo que está siendo la mayor crisis de gobierno desde que el popular Luis Barcala es alcalde de Alicante.

Un caso que seguirá marcando la agenda política y social de las próximas semanas y meses. Por lo pronto, el jueves 5 de marzo se constituirá en Les Corts la comisión de investigación sobre la adjudicación de estas viviendas protegidas.

Una comisión cuya creación se aprobó la semana pasada en el pleno de Les Corts, que dio luz verde a la propuesta de Vox con los votos de este grupo, PP y Compromís, más la abstención de los socialistas, y rechazó las peticiones de la oposición sobre este mismo tema.

La comisión dispondrá de un máximo de doce meses para elaborar sus conclusiones sobre esas adjudicaciones y sobre las promociones de vivienda realizadas esta legislatura "que se consideren en el plan de trabajo", según el acuerdo de Les Corts.

En la constitución se elegirá la mesa de la comisión -una presidencia, una vicepresidencia y una secretaría- y se abrirá plazo para que los grupos presenten sus propuestas de plan de trabajo.

Escándalo judicializado

Un caso que se encuentra judicializado por parte de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante.

La Fiscalía y la UDEF están investigando toda la documentación remitida por el Ayuntamiento después de que la Policía Local inspeccionara una a una las 140 del residencial.

De esa inspección, los agentes comprobaron viviendas sin personas empadronadas, buzones con una apariencia descuidada o miembros de una misma familia que han sido beneficiarios y que incluso se apuntaron a la promoción siendo menores de edad. Entre ellos cinco allegados, concretamente tres hermanos y dos primos con edades entre 18 y 24 años, que han recibido respectivamente una de estas viviendas VPP pese a que los primeros trámites de la cooperativa se remontan a 2018.

Entre otras supuestas irregularidades también figuran numerosos domicilios con un residente censado pero donde "se denota que hay más personas.

Entre los supuestos "afortunados" se encuentran la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez y su suegro... dos hijos y un sobrino de la ex directora general de Contratación, Maria Pérez-Hickman, dos arquitectos municipales de Urbanismo y otros siete funcionarios municipales, una ex interventora de la Generalitat, la mujer del ex jefe de Gabinete de la Conselleria de Turismo, Miguel Ángel Sánchez, o el hijo de una concejala del PP en San Vicente.

Además de las dimisiones de Gómez, Pérez-H¡ckman y Sánchez, se ha abierto un expediente a los dos arquitectos municipales y también a otro funcionario de la Conselleria de Vivienda que visaba las solicitudes.

El escándalo ha llegado a tal magnitud social y política, que algunos de los adjudicatarios de estas VPP han trasladado que renuncian oficialmente a estas viviendas. Precisamente, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, calificaba como "jetas" a los que utilizaron su posición privilegiada para repartirse estas viviendas.

Terremoto político y social

En lo político, todos los grupos municipales incluido Vox han solicitado la dimisión de Barcala aunque la ultraderecha salvó al primer edil votando en contra de su reprobación en el último pleno municipal. Esquerra Unida, incluso, planteó una moción de censura que no ha sido apoyada por el resto de grupos.

Más allá de las peticiones de dimisión en los plenos del Ayuntamiento de Alicante o Les Corts, el caso ha llegado también al Congreso de los Diputados. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, o el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, han utilizado esta polémica para denunciar la política de vivienda del Partido Popular.

El caso también ha provocado que numerosos colectivos vecinales y sociales de Alicante hayan salido a la calle para denunciar esta adjudicación de viviendas de protección pública.