Benidorm estudia pagar la sentencia del APR7 con financiación, suelo o venta de patrimonio

Benidorm

El último pleno del Ayuntamiento de Benidorm ha vuelto a estar marcado por la sentencia firme del APR7 que condena al Consistorio a abonar más de 350 millones de euros a las empresas de la familia Murcia Puchades por los aprovechamientos de un suelo que fue declarado Parque Natural en Serra Gelada.

En la tertulia municipal de Hoy por Hoy Benidorm, las portavoces del Gobierno y de la Oposición han confrontado posturas sobre cómo afrontar el pago y sobre los plazos para negociar con las mercantiles del grupo Murcia Puchades.

Como primer paso, el pleno aprobó la adhesión al Fondo de Impulso Local para recibir 55 millones de euros del Ministerio de Hacienda, una cantidad que supone alrededor del 15% de la deuda total. El importe puede devolverse en plazos que van desde los 12 a los 100 años con un interés del 3,5%, según el informe de Intervención. Aunque el acuerdo salió adelante por mayoría, la oposición lo considera "claramente insuficiente" ante una deuda que sigue generando intereses —más de 67 millones acumulados y cerca de 25.000 euros diarios—.

Uno de los puntos clave del debate ha sido el margen legal para negociar con la parte demandante. El Gobierno local ha abierto ahora un trámite de audiencia de siete días para que las empresas afectadas se pronuncien. La Oposición sostiene que ese paso podría haberse dado antes, una vez conocida la firmeza de la sentencia, mientras que el ejecutivo defiende que se actúa estrictamente conforme a los tiempos y directrices técnicas.

En cuanto a la fórmula de pago, la sentencia fija una cantidad económica, pero durante la tertulia se ha abordado la posibilidad de satisfacer parte de la deuda en especie, mediante aprovechamientos urbanísticos o suelo. Desde el Gobierno, Lourdes Caselles ha asegurado que "el Ayuntamiento dispone de suelo, ya que por ley le corresponde un 10% de aprovechamiento en los planes parciales", aunque cualquier fórmula deberá ajustarse a lo que determinen los técnicos y a lo que finalmente se acuerde con la parte acreedora.

Además, en los informes municipales se menciona la opción de enajenar bienes para hacer frente a parte del pago. La venta de patrimonio municipal aparece así como una de las vías posibles, junto a la financiación a largo plazo o la compensación con suelo, en un escenario en el que el consistorio deberá decidir qué combinación resulta más viable sin comprometer en exceso las arcas públicas.

El plazo para amortizar la deuda es otro de los elementos en discusión. Los técnicos contemplan escenarios que van desde 12 hasta 100 años, lo que ha generado críticas por parte de la Oposición, que advierte del riesgo de "hipotecar a varias generaciones". El Gobierno, por su parte, insiste en que la decisión final se adoptará mediante acuerdo plenario y con el objetivo de minimizar el impacto en servicios e impuestos.

Mientras se espera la respuesta de las empresas dentro del plazo de audiencia, el futuro financiero del Ayuntamiento centra la preocupación política y ciudadana. La sentencia es firme y su cumplimiento ineludible. Ahora, con la posibilidad sobre la mesa de combinar financiación estatal, pago en suelo y eventual enajenación de bienes, el debate se traslada a cómo articular una solución que garantice estabilidad económica a largo plazo para Benidorm.