El PIREP enfrenta al PP y al gobierno municipal en Xàtiva
Los populares hablan de “incompetencia”, mientras el ejecutivo defiende una “decisión responsable basada en informes técnicos”

Proyecto planteado para el Ayuntamiento de Xàtiva

Xàtiva
El programa de rehabilitación del Ayuntamiento de Xàtiva con fondos PIREP ha generado un cruce de acusaciones entre el Partido Popular y el equipo de gobierno tras la propuesta de liquidación provisional del Ministerio de Vivienda.
El Partido Popular de Xàtiva ha denunciado que el consistorio deberá devolver 3.119.007,18 euros, incluidos 274.490,89 euros en intereses de demora, por no ejecutar la rehabilitación del edificio consistorial con cargo al programa PIREP. Según la formación, la ayuda fue concedida en junio de 2023 y transferida de forma anticipada en septiembre por importe de 2.844.516,29 euros, sin que se haya ejecutado el proyecto.
El portavoz popular, Marcos Sanchis, ha afirmado: “Han tenido casi tres millones de euros en la cuenta desde 2023 y no han sido capaces ni de empezar las obras. Ahora devolvemos el dinero íntegro y además pagamos casi 300.000 euros en intereses. Es una gestión irresponsable que pagan todos los setabenses”. Asimismo, ha señalado: “No es mala suerte. Es incapacidad de gestión. Cada error del alcalde lo pagamos con nuestros impuestos. Primero 18.000 euros por redactar un proyecto que no se ejecuta, después casi 300.000 euros en intereses por no hacer nada”.
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Marcos Sanchis sobre el PIREP
El PP también ha cuestionado el contrato menor de 17.991,49 euros (IVA incluido) para la redacción y presentación del proyecto, asegurando que ese gasto “ha acabado en la papelera”, ya que la obra finalmente no se ejecutará.
Decisión responsable
Por su parte, el equipo de gobierno sostiene que la renuncia al programa “no es fruto de ninguna negligencia, sino de una decisión responsable basada en informes técnicos claros”. Según explica, ejecutar el proyecto dentro de los plazos establecidos, sin las ampliaciones solicitadas, comportaba “un riesgo económico que podía alcanzar hasta los 3,5 millones de euros para las arcas municipales”.
El ejecutivo municipal afirma que la actuación implicaba “el cierre total del Ayuntamiento y el traslado temporal de más de 150 trabajadores, con la afectación directa a los servicios públicos que se prestan diariamente a la ciudadanía” y que “la planificación exigida era incompatible con los plazos fijados”. En su comunicado, añade que la decisión permite recuperar 750.000 euros correspondientes al IVA para destinarlos a otras inversiones municipales.
En relación con el contrato de 17.991,49 euros para la redacción del proyecto, el gobierno local considera que fue una inversión “necesaria para poder optar a una convocatoria competitiva y que, de hecho, consiguió la financiación”.
El Partido Popular ha anunciado que exigirá explicaciones en el próximo pleno municipal y reclamará responsabilidades políticas por la pérdida de la inversión, mientras que el equipo de gobierno ha defendido que continuará “tomando decisiones pensando en la ciudad, aunque sean decisiones que el PP prefiera convertir en arma partidista”.




