La denuncia de Kita activa el protocolo, pero la sanción dependerá de pruebas independientes

El tramo final del partido entre la Real Sociedad B y el Castellón quedó marcado por la activación del protocolo antirracismo después de que, en el minuto 94, el jugador japonés Kazunari Kita, del filial txuri-urdin, comunicara al colegiado aragonés Alonso de Ena Wolf que el defensa del Castellón, Alberto Jiménez , se dirigió a él con el insulto “puto chino”.

Sin embargo, el acta arbitral especifica que ninguno de los miembros del equipo arbitral escuchó directamente dichas palabras. Se trata de una situación prácticamente idéntica a la ocurrida una semana antes en el encuentro Elche–Espanyol, protagonizada por El Hilali y Rafa Mir, también recogida en el acta y sin percepción directa por parte del colegiado.

De acuerdo con el procedimiento habitual de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), y en contraste con el criterio aplicado semanas atrás por la UEFA en el Benfica–Real Madrid, lo previsible es que el caso se tramite por la vía ordinaria: apertura de una investigación y posterior decisión sobre si se incoa expediente sancionador o si, por el contrario, se archiva.

Investigan las imágenes

El proceso estándar incluye el nombramiento de un instructor, la solicitud de versiones a las partes implicadas (jugador denunciante, presunto autor, clubes), la recopilación de material audiovisual disponible (realización televisiva, señales complementarias), y, si procede, la petición de ampliación o aclaración del acta al árbitro.

Si se sigue el precedente del reciente Elche–Espanyol, el Comité de Disciplina no debería sancionar de oficio y, en su lugar, abrir una investigación para esclarecer los hechos. Para que el defensa del Castellón pueda ser sancionado, será imprescindible demostrar el insulto mediante pruebas sólidas. Desde el entorno del futbolista se niega rotundamente que se produjera tal expresión.

Dado que el árbitro no lo escuchó, la denuncia del jugador japonés no basta por sí sola: serían necesarios indicios independientes como audios o imágenes de la retransmisión, testimonios de otros jugadores, declaraciones del cuarto árbitro, delegado de campo o del Coordinador de Seguridad.

Posibles sanciones

Si se acreditase el insulto, la calificación disciplinaria podría considerarse infracción muy grave, con sanciones que van desde varios partidos de suspensión hasta, en los casos más severos, la privación de licencia por un periodo de dos a cinco años, además de posibles sanciones económicas.

No obstante, si no aparecen pruebas audiovisuales o testimonios que corroboren la denuncia, el expediente terminaría archivándose, quedando reducido a un caso de palabra contra palabra. El régimen disciplinario español mantiene un criterio garantista, exigiendo prueba suficiente antes de sancionar, motivo por el que muchas denuncias similares no derivan en castigos deportivos.

El futbolista denunciante y su club podrían acudir también a la vía administrativa o penal bajo la Ley 19/2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, aunque por ahora no consta que ninguna de las partes vaya a activar este proceso.

Resoluciones por hechos similares

En España, los comités suelen admitir como pruebas válidas las imágenes de la retransmisión oficial o de cámaras internas del estadio, además de audios de micrófonos ambientales que puedan captar expresiones que el árbitro no percibió. También valoran declaraciones de terceros y, en algunos casos, peritajes de lectura labial, aunque no siempre resulten concluyentes.

El precedente más mediático fue el caso Cala–Diakhaby (Cádiz–Valencia, 4/04/2021), donde la falta de pruebas audiovisuales y la ausencia de percepción directa del árbitro llevó al archivo del expediente pese a la gravedad de la acusación.

En conclusión, la posible sanción a Alberto Jiménez dependerá exclusivamente de la existencia —o no— de pruebas claras e independientes. De no encontrarse, la investigación quedará en nada, como ha sucedido en numerosos casos recientes.