Cuatro de cada cinco trabajadores de los servicios públicos valencianos han sufrido agresiones en su puesto de trabajo

Comunidad Valenciana

Un estudio realizado por UGT Serveis Públics PV y la Universitat Jaume I de Castelló revela que la violencia laboral externa es una realidad extendida en los servicios públicos esenciales de la Comunitat Valenciana. Según los primeros resultados de la investigación, cerca del 80% de los profesionales de ámbitos como la sanidad, la educación o el servicio de ayuda a domicilio asegura haber sufrido algún tipo de agresión en el ejercicio de su trabajo durante la última década.

El informe, elaborado a partir de encuestas y entrevistas realizadas a cientos de profesionales, analiza de forma sistemática la exposición a amenazas, insultos, agresiones o intentos de desprestigio por parte de personas usuarias de los servicios públicos, como pacientes, alumnado o familiares. Los resultados indican que estos episodios no son hechos aislados, sino que en muchos casos se repiten con frecuencia.

Los investigadores advierten de que esta violencia tiene consecuencias directas tanto en la salud emocional y la motivación del personal como en la calidad del servicio que reciben los ciudadanos. Según el sindicato, las agresiones se han convertido en una situación cotidiana para muchos trabajadores de sectores esenciales.

Qué se considera violencia laboral externa

El estudio define la violencia laboral externa como cualquier comportamiento intimidatorio, abusivo o violento ejercido por personas ajenas a la organización contra un trabajador en su lugar de trabajo o con motivo de su actividad profesional. Dentro de esta categoría se incluyen formas físicas, verbales, psicológicas, sexuales, simbólicas, materiales y también ciberviolencia

Críticas a la falta de prevención

Uno de los aspectos que más preocupa a los autores del informe es la percepción de falta de protección por parte de los profesionales. El 69% de las personas encuestadas considera que las medidas preventivas existentes son insuficientes o prácticamente inexistentes, pese a la existencia de protocolos formales.

Desde el sindicato advierten de que la violencia laboral se está consolidando como un riesgo estructural dentro de los servicios públicos, alimentado por factores como la presión asistencial, los problemas organizativos o la creciente normalización social de las agresiones.

Ante esta situación, reclaman a la administración autonómica reforzar las políticas de prevención, mejorar la aplicación real de los protocolos y garantizar apoyo institucional a los profesionales que sufren agresiones. El informe completo, que se presentará próximamente, incluirá un análisis detallado por sectores y una batería de propuestas para mejorar la protección del personal.

La publicación de estos datos coincide además con la conmemoración del Día Europeo contra las Agresiones a Profesionales Sanitarios, una jornada que busca visibilizar un problema que afecta cada vez a más trabajadores del sector público.