La Asociación Vecinal Barrio Obrero de Altabix denuncia que la nueva tasa de basura de Elche castiga a quienes ya reciclan
Reclamán una revisión de los requisitos necesarios para acceder a las bonificaciones
Elche
La Asociación Vecinal Barrio Obrero de Altabix ha criticado el modelo de gestión de la nueva tasa de basura planteado por el gobierno municipal de Elche, formado por PP y Vox, al considerar que es ineficiente y contradictorio con los objetivos ambientales que persigue. El colectivo vecinal sostiene que el sistema propuesto penaliza a quienes ya reciclan y dificulta el acceso a las bonificaciones previstas.
Según ha señalado la asociación en un comunicado, el modelo obliga a los vecinos y vecinas que desean obtener una bonificación a desplazarse a puntos limpios, ya sean fijos o móviles, y hacerlo además dentro de horarios limitados. A su juicio, este requisito supone una barrera para muchas personas y termina castigando a quienes ya realizan esfuerzos por separar sus residuos.
Desde la entidad vecinal también han denunciado la falta de transparencia en el diseño de la nueva tasa y la ausencia de participación de asociaciones y agentes sociales durante su elaboración. Por ello reclaman una campaña informativa más clara y ambiciosa, así como una revisión de los requisitos necesarios para acceder a las bonificaciones con el objetivo de flexibilizarlos y facilitar que más ciudadanos puedan reciclar sin obstáculos.
La asociación defiende implantar un modelo basado en sistemas inteligentes con identificación de usuario que premien el comportamiento responsable sin añadir cargas administrativas.
Señalan que este tipo de sistemas ya funciona en ciudades como Sabadell, Pamplona o Vitoria-Gasteiz y permiten incentivar el reciclaje mediante el uso del contenedor marrón sin necesidad de desplazamientos ni trámites presenciales. En este sentido, recuerdan que el Ayuntamiento de Alicante, también gobernado por el Partido Popular, aplica bonificaciones vinculadas a sistemas de este tipo.
El colectivo vecinal también ha querido aclarar el origen de la tasa. Aunque el Ayuntamiento sostiene que se trata de una obligación impuesta por el Estado a todos los municipios, la asociación recuerda que el punto de partida se encuentra en la Directiva Europea 2018/851, aprobada en 2018 por el Parlamento Europeo. Esta normativa se trasladó al ordenamiento jurídico español mediante la Ley 7/2022, que establece que la gestión de los residuos urbanos debe estar correctamente financiada.
Según explica la asociación, la legislación no obliga literalmente a crear una tasa concreta, sino que deja en manos de los ayuntamientos el diseño, cálculo y aplicación del sistema de financiación, así como los criterios y bonificaciones que se establezcan dentro del marco legal. Por ello, consideran que el consistorio tiene margen para aplicar un modelo más eficiente, transparente y que realmente incentive el reciclaje.
