La Diputación de Alicante defiende su papel en el Bono Consumo: "Se limitaba a hacer llegar el dinero a los ayuntamientos"
"El proceder de la Diputación ha sido totalmente transparente y ajustado a la legalidad", ha asegurado tras la detención de Carlos Baño por presunta corrupción en la gestión de esos bonos con Facpyme
Un momento de la rueda de prensa en la que se ha presentado esta segunda edición del Bono Comercio en Alicante / Omar Sancho Maestre
Alicante
La Diputación de Alicante, con Toni Pérez al frente, ha pedido tras la detención de Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de Facpyme (Federación de Comercio y pymes de la provincia de Alicante), "máximo respeto a las actuaciones desarrolladas y de las que no se tiene más información que lo publicado".
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal del Cuerpo Nacional de Policía (UDEF) investiga un presunto delito de corrupción ante una denuncia presentada en Fiscalía Anticorrupción por la gestión en torno a unos bonos consumo en una veintena de municipios de la provincia de Alicante correspondientes a los años 2022 y 2023, cuando Carlos Mazón era presidente de la Diputación Alicantina. Los Bono Consumo son una iniciativa que gestionó Facpyme en colaboración con la institución provincial para incentivar el consumo local.
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La Diputación alicantina ha aclarado este viernes por la tarde que su papel con las distintas ediciones del Bono Consumo que se han puesto en marcha desde 2021 "se ha limitado a hacer llegar, mediante las correspondientes convocatorias públicas, el dinero a los ayuntamientos de la provincia de Alicante que han solicitado adherirse a esta convocatoria".
Y ha añadido que "la gestión posterior era decisión libre y autónoma, única y exclusivamente de cada consistorio beneficiario de las subvenciones".
"La gestión no era subvencionable"
La ayuda que llegaba a los ayuntamientos desde la Diputación, vinculada a la población empadronada, se debía destinar de forma única a financiar el Bono Consumo en la proporción que también escogía cada ayuntamiento, en ningún caso el coste de la gestión de la convocatoria, que cada ayuntamiento tramitaba como libremente consideraba, asumiendo con ello su cuantía.
En este sentido, en la justificación de las ayudas, los ayuntamientos debían incluir el importe total de lo concedido en Bono Consumo, nunca el importe de la gestión, que en ningún caso era subvencionable por la diputación.
Por todo ello, "la Diputación de Alicante nada tiene que ver con entidades de gestión o intermedias, que pudieron participar en la gestión de la convocatoria de los ayuntamientos que así lo decidieron".
"Proceder transparente y ajustado a la legalidad"
El proceder de la Diputación de Alicante ha sido totalmente transparente y ajustado a la legalidad. El mecanismo utilizado para la tramitación de estas convocatorias de Bono Consumo es el mismo que se aplica al resto de convocatorias que impulsa la institución.
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De momento, la Diputación no se pronuncia sobre la petición de PSPV y Compromís en la institución provincial para la constitución de una comisión de investigación que aclare el destino de las ayudas concedidas para el Bono Consumo.