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La oposición de L'Alqueria d'Asnar denuncia el nombramiento de un peón como secretario y el alcalde defiende su legalidad

Los firmantes de la moción de censura acusan a César Palmer de intentar dilatar el pleno y el PSPV advierte con emprender acciones legales por "temeridad administrativa"

Saray González, edil no adscrita, y el portavoz del PSPV-PSOE Andreu Ripoll, junto a compañeros del partido, en el Ayuntamiento de l'Alqueria d'Asnar

Saray González, edil no adscrita, y el portavoz del PSPV-PSOE Andreu Ripoll, junto a compañeros del partido, en el Ayuntamiento de l'Alqueria d'Asnar / Gonzalo Belenguer

Saray González, edil no adscrita, y el portavoz del PSPV-PSOE Andreu Ripoll, junto a compañeros del partido, en el Ayuntamiento de l'Alqueria d'Asnar

Alcoy

El nombramiento de un peón de servicios municipales como secretario accidental del consistorio ahonda la fractura entre el gobierno local que ostenta en solitario César Palmer y los firmantes de la moción de censura.

En declaraciones a la Agencia EFE, el primer edil, César Palmer, ha defendido la legalidad de la designación. Según Palmer, ante la ausencia de un secretario-interventor y la falta de funcionarios de carrera disponibles en el municipio —el único existente se encuentra en comisión de servicios en otra localidad—, la ley permite nombrar a personal laboral de forma temporal para "desbloquear la situación".

Respecto a la moción de censura, el alcalde afirma afirma que no existe un bloqueo deliberado, sino un impedimento legal. Palmer se remite al artículo 73.3 de la Ley de Bases del Régimen Local, y argumenta que la condición de "no adscrita" de una de las concejalas firmantes impide que la moción prospere, independientemente de quién ejerza la secretaría.

La oposición denuncia una maniobra para retener la alcaldía

Los concejales del PSPV-PSOE y la edil no adscrita, Saray González, han emitido un duro comunicado calificando la situación de "inadmisible". Los firmantes de la moción sostienen que el nombramiento del peón es una estrategia para postergar el debate de la censura, que debería haberse celebrado el pasado 6 de marzo.

En su escrito, la oposición señala que la Diputación de Alicante notificó formalmente el 12 de marzo la disponibilidad de un funcionario habilitado nacional, Miguel Vela Castro, para asumir el puesto. "La decisión del alcalde es una temeridad que compromete la seguridad jurídica del Ayuntamiento", sentencian los ediles, quienes recuerdan que las funciones de control jurídico y económico no pueden improvisarse con personal no cualificado cuando existen alternativas legales.

Vía judicial

Los socialistas y la concejala independiente han exigido la rectificación inmediata y la anulación del nombramiento. De no producirse, han advertido que iniciarán las acciones legales y administrativas necesarias para garantizar la legalidad en el funcionamiento del consistorio, lo que podría derivar en un contencioso administrativo contra la alcaldía.

 

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