Estos son los ingresos, las deudas y patrimonio de la corporación municipal de Elche

Elche

El Boletín Oficial de la Provincia ha publicado las declaraciones de actividades y bienes de los miembros de la corporación municipal. En comparación con el último extracto difundido en 2025 no se han registrado variaciones destacadas entre los concejales y concejalas.

En el presente ejercicio, la que presenta un activo total más alto es la concejala de Educación del Partido Popular, María Bonmatí, seguida del concejal del PSOE, Vicente Alberola o los concejales de Vox, Pedro José Sáez y Samuel Ruiz.

Por el contrario, los que presentan un activo más bajo son la concejala de Cultura del Partido Popular, Irene Ruiz, la concejala del PSOE, Patricia Maciá o la portavoz de Compromís, Esther Díez.

En cuanto a la posesión de inmuebles, según esta declaración, los concejales del PP, Francisco Soler, Inma Mora, Claudio Guilabert e Irene Ruiz o las concejalas socialistas, Patricia Maciá y Saray Huertas no han registrado ningún bien. Sin embargo, los que disponen de un valor de bienes inmuebles más altos son la concejala del PP, María Bonmatí, el concejal del PSOE, Vicente Alberola o de Vox, Pedro José Sáez.

Por último, los que acumulan más deudas son el alcalde de Elche, Pablo Ruz, con 344.000 euros, pese a que no registra una gran cantidad en bienes inmuebles. También suma una importante deuda el nuevo concejal del PSOE, Miguel Serna. Los que notifican más ingresos son la portavoz de Vox, Aurora Rodil y el concejal socialista, Iván Gómez.

La obligación de declarar bienes e ingresos de los cargos públicos se reforzó con la aprobación de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Desde entonces, muchos ayuntamientos han empezado a publicar en sus portales de transparencia datos sobre el patrimonio de los concejales, sus ingresos, su participación en empresas o sus posibles deudas.

Estas declaraciones tienen como finalidad principal garantizar la integridad del cargo público y reforzar la confianza en las instituciones. Por un lado, permiten a la ciudadanía conocer la situación económica de sus representantes y detectar posibles incrementos patrimoniales injustificados durante el mandato. Por otro, facilitan el control de incompatibilidades, al hacer visibles intereses privados que podrían influir en la toma de decisiones. Además, al compararse las declaraciones al inicio y al final del cargo, se establece un mecanismo de seguimiento que contribuye a prevenir irregularidades y a reforzar la rendición de cuentas.