La permuta de solares para construir VPP fue legal, según los servicios jurídicos del ayuntamiento de València

València

La asesoría jurídica municipal concluye que fue legal la permuta entre el ayuntamiento de València y la empresa Domio por la que el consistorio se quedó un edificio construido por la mercantil a cambio de varios solares municipales en Malilla y Nou Moles.

El informe, firmado ayer por el abogado de la ciudad, José Vicente Sánchez-Tarazana, responde a varias preguntas formuladas por los grupos municipales de Compromís y el PSPV.

Por ejemplo, asegura que sí se cumplió con el requisito exigido para los edificios en construcción de que las viviendas no estén comercializadas por la promotora porque, aunque había un contrato de pre-venta, este documento no otorgaba ningún derecho y los mil euros que entregaron a cuenta, la Promotora no firmó ningún contrato de reserva, ni de promesa de venta con o sin pacto de arras, ni de compraventa, ni ningún otro que suponga su comercialización.

El letrado tampoco aprecia indicios de falsedad en la declaración responsable presenta por la empresa Domio y considera que no procede que se inicie un procedimiento administrativo de revisión de la legalidad, al no advertirse vulneración del ordenamiento jurídico.

39 familias en la calle

Para la oposición, independientemente del informe, que aprecia que no estaban comercializadas, es innegable que este gobierno ha dejado tiradas a las 39 familias que tenían una pre-reserva.

Según Papi Robles, PP y Vox no pueden ocultar el escándalo de fondo: están descapitalizando al Ayuntamiento de un patrimonio público que pertenece a todos los valencianos para alimentar el modelo neoliberal de especulación con la vivienda.

En la misma línea Borja Sanjuan, el portavoz del PSPV, el partido que ha denunciado el caso ante la Fiscalía y que desveló que una abogada de la Generalitat nombrada por el PP estaba detrás de la empresa de la permuta de VPP.

Defensa de la profesionalidad de los letrados municipales

Les responde el concejal de Vivienda, Juan Giner, que lamenta que unos concejales del ayuntamiento cuestionen la independencia y profesionalidad de los servicios jurídicos municipales.

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