Barcala no facilitará los expedientes abiertos a los funcionarios con VPP y descarta investigar posibles parentescos de adjudicatarios

Alicante

El equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Alicante finalmente no entregará a la oposición los expedientes abiertos contra los tres funcionarios municipales que obtuvieron, ellos o sus familiares, una vivienda pública en la polémica urbanización Les Naus. Argumenta que solo entregarán a la comisión que analiza el escándalo de las VPP de la playa de San Juan las conclusiones de la investigación interna. Lo hacen, dicen, por cuestiones de protección de datos y de "cautela".

Una maniobra que desde la oposición aseguran que persigue dilatar aún más la investigación municipal y dificultar su labor de fiscalización. Y es que esto es solo la punta del iceberg de toda la documentación reclamada que no se ha entregado a los grupos de la oposición. Por ello, los socialistas aseguran que tomarán medidas al respecto.

El vicealcalde y presidente de la comisión, Manuel Villar, se justifica argumentando que son "expedientes reservados" y se escuda en una supuesta "cautela" legal para no facilitar el grueso de la investigación. Esta nueva versión choca con lo que venía asegurando el PP en las últimas semanas. Primero dijo Villar que había que esperar a que se completaran estos expedientes para poder convocar la comisión. La pasada semana argumentó, a preguntas de los periodistas, que no podían informar del resultado de la investigación hasta que no se trasladara a los afectados. Y hoy, cambia de nuevo de criterio argumentando esa supuesta protección de datos.

Además, Villar rechaza de plano realizar informes sobre los posibles vínculos de parentesco de los adjudicatarios. Para el vicealcalde, cruzar datos familiares supondría una "caza de brujas" que el Ayuntamiento ni puede ni debe ejecutar por falta de competencia y oportunidad legal. Y eso a pesar de que la dimitida directora general de Barcala y una de las funcionarias investigadas, María Pérez - Hickman, tiene dos hijos y un sobrino entre los adjudicatarios.

Estrategia de dilatación

Un cambio de parecer de los populares que desde el PSOE consideran que busca dilatar aún más la investigación de la comisión y dificultar su labor fiscalizadora. Su portavoz, Ana Barceló, destaca que existe mucha más documentación que no se ha facilitado y la que se ha hecho solo pueden consultarla en un ordenador municipal. Se trata de miles de documentos, denuncia, "que no pueden filtrar ni realizar búsquedas concretas".

Por ello, advierte al PP de que, si antes de la primera comparecencia del 11 de abril, no ha facilitado toda la documentación pendiente, tomarán "medidas al respecto".

Junta de Gobierno Local

Declaraciones de ambos políticos tras la rueda de prensa para informar de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local de este martes. Una junta que ha aprobado, entre otras cosas, la licitación del nuevo contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio con un importe de 7,8 millones euros. Incrementa en casi un millón de euros el presupuesto después de que la anterior licitación quedara desierta. La contrata presta más de 145.000 horas de servicio y atiende a más de 600 personas mayores y dependientes cada año.

Por otro lado, también se ha probado por urgencia el nombramiento por el sistema de mejora de empleo de un nuevo comisario de la Policía Local, que recae de forma interina en el intendente Fernando Aldave, además de tres inspectores y seis oficiales.