La 'oficina antiokupación' aprobada por PP y Vox en València cumple un año sin apenas actividad

València

La llamada oficina antiokupación de València cumple un año prácticamente sin trabajo. Los datos oficiales indican que apenas gestiona dos casos al mes y su actuación se limita a mediar, ya que no puede intervenir mucho más allá. Este organismo, creado por PP y Vox para abordar un problema "real", según defendió la alcaldesa María José Catalá cuando anunció su puesta en marcha, solo recibe entre cinco y siete llamadas cada mes, según datos del sindicato de la Policía Local.

Si se suman las llamadas que recibe el 092, pueden llegar a entre 15 y 20 al mes, aunque en la mayoría de ocasiones se trata únicamente de alertas telefónicas que no derivan en actuaciones reales. Para la oposición, estas cifras son insuficientes y demuestran que la oficina no sirve y supone un desperdicio de recursos públicos. El sindicato de la Policía Local, sin embargo, defiende su existencia porque considera que ofrece un servicio que la ciudadanía puede necesitar.

Poca actividad

El delegado del SPPLB en la Policía Local de València, Vicente Gil Lluesma, explica que esta oficina antiokupación se integra en el gabinete jurídico del cuerpo municipal y, aunque consta de cinco agentes adscritos, solo uno de ellos se dedica casi en exclusiva a los casos que llegan. Son pocos, admite Gil Lluesma, pero considera que es una buena señal y respalda el trabajo que realizan los agentes.

Gil Lluesma detalla que el trabajo de la oficina antiokupación de la Policía Local de València consiste básicamente en mediar y tratar de llegar a un acuerdo entre el propietario de la vivienda y la persona que ha entrado a vivir en ella de forma ilegal, con el objetivo de evitar llegar a los juzgados. Si el asunto termina judicializándose, o si ya lo está, la oficina no puede intervenir más allá.

Compromís critica la oficina

Unos datos que, para Compromís, demuestran que la oficina antiokupación no tiene utilidad. El grupo municipal reclama que el Gobierno local centre sus esfuerzos en abordar la crisis de vivienda, regulando los pisos turísticos y actuando contra la especulación inmobiliaria. Según la información facilitada por la Delegación de Policía Local a raíz de una pregunta presentada por Compromís, en los dos últimos meses la oficina solo ha tramitado una solicitud de información sobre usurpación y ninguna sobre ocupación.

Desde su inauguración en marzo de 2025 y hasta final del año pasado, la oficina acumula 19 solicitudes por usurpación y una por ocupación de inmueble, con meses —como diciembre— en los que no recibió ninguna. Esto supone una media de 2,2 solicitudes mensuales para una oficina que ocupa a dos agentes a tiempo completo y a otros dos de forma parcial.

Según esos mismos datos, las llamadas registradas en el 092 que se relacionan genéricamente con posibles ocupaciones pueden alcanzar cifras muy superiores, pero no existe constancia de que la mayoría correspondan a casos reales. El balance operativo de la oficina, según la documentación remitida por el Ayuntamiento, es muy reducido y se traduce en un número de intervenciones efectivo muy inferior al volumen de avisos telefónicos.

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