Vox propone en Les Corts llevar los centros de menores migrantes fuera de las ciudades

València

Vox anuncia que en el pleno de la semana que viene en Les Corts, presentará una iniciativa a la conselleria sobre la necesidad de reubicar los centros de menores migrantes no acompañados, lo más alejados posible de los centros de las ciudades. José María Llanos, su síndic, insiste en que lo mejor es que los menores estén en sus países de origen, viviendo con sus padres, y no en la Comunitat Valenciana, generando problemas de seguridad ciudadana.

El portavoz popular, Nando Pastor, no avanza si apoyará o no la propuesta de Vox, solo que la estudiará pero sí arremete contra la política migratoria del Gobierno al que acusa de mercadear el reparto de menores con las comunidades "afines" a cambio de su apoyo.

Por su parte, la oposición critica que el PP compre los postulados racistas de Vox, Isaura Navarro, de Compromís, cree que es absolutamente lamentable.

La consellera también planta al Ministerio

Por otra parte, este miércoles estaba prevista la celebración de la Conferencia Sectorial de Infancia en el Ministerio de Trabajo y Economía Social. En el encuentro estaba previsto que el Gobierno tratase con las comunidades autónomas la actualización del decreto para el reparto de menores migrantes no acompañados, entre otras cuestiones. Si bien, no ha podido abordarse debido a la falta de "quórum", por la ausencia de las autonomías del PP, que, a excepción de Ceuta y Canarias, no han acudido.

La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, ha trasladado su rechazo, como representante de la Comunitat Valenciana, a participar en el Pleno de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia convocado para este miércoles, 8 de abril.

Albalat ha calificado la convocatoria de “ilegal” y ha advertido de que cualquier acuerdo que se adopte en la reunión carecerá de validez legal al haberse omitido los procedimientos esenciales de formación de la voluntad del órgano colegiado.

La decisión de la Comunitat Valenciana se produce tras la impugnación formal del orden del día por parte de la Generalitat. Según la documentación remitida, la Presidencia de la Conferencia Sectorial, ostentada por la ministra Sira Rego, incluyó en la convocatoria puntos que habían sido expresamente rechazados por la Comisión Sectorial en su reunión del pasado 17 de marzo.

“No podemos asistir a una reunión que nace viciada de nulidad. El Gobierno de España ha decidido actuar al margen de las normas, ignorando que el orden del día debe ser aprobado previamente por la Comisión preparatoria”, ha afirmado la consellera, al tiempo que ha lamentado que el Ministerio intente imponer por la vía de los hechos temas como el Real Decreto sobre la capacidad de los sistemas de protección, a pesar del voto en contra mayoritario de las comunidades autónomas.

Más allá de los defectos formales, Elena Albalat ha criticado también la política de reparto de menores migrantes no acompañados que está ejecutando el Ejecutivo central.

“La ausencia de la Comunitat Valenciana no es una falta de solidaridad, es un ejercicio de responsabilidad ante un Gobierno que impone traslados forzosos de manera unilateral”, ha aseverado.

La consellera ha denunciado que el sistema de protección valenciano se encuentra “muy tensionado” y que el Estado pretende que las autonomías asuman competencias exclusivas sin la dotación financiera adecuada.

“Lamentamos profundamente el modelo de reparto que está llevando a cabo el Gobierno de Sánchez que es discrecional, sin planificación y que ignora la realidad de nuestros recursos. No se puede proteger adecuadamente a un menor si se le traslada como si fuera mercancía, sin evaluar su situación individual y sin garantizar los fondos para su atención integral”, ha subrayado.

La responsable de Servicios Sociales ha recordado que la Generalitat mantiene una ofensiva legal activa para frenar lo que considera una invasión de competencias y un riesgo para la sostenibilidad del sistema de protección.

Por un lado, ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto-Ley 2/2025. La Generalitat considera que esta norma vulnera las competencias exclusivas autonómicas en asistencia social y protección de menores, además de quebrantar el principio de autonomía financiera al obligar a asumir gastos no presupuestados.

De manera paralela, vía contencioso-administrativa, se han interpuesto recursos contra las resoluciones estatales que imponen reubicaciones forzosas. La Conselleria ha recurrido los expedientes de traslado sin control ni sensibilidad, afectando a menores próximos a la mayoría de edad o con vínculos familiares en otras regiones que no son respetados.

Al respecto, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ceuta ha comenzado a anular resoluciones de traslado por falta de motivación. “Las sentencias confirman que el Gobierno central no explica los criterios para asignar a un menor a nuestra autonomía, lo que genera una indefensión que impide verificar si el traslado es correcto”, ha señalado Albalat.

Según la consellera, las sentencias demuestran que “el procedimiento del Ministerio carece de rigor y vulnera los derechos de los menores al tratarlos sin una evaluación individualizada”.

Tras este precedente, la Conselleria esgrimirá estos argumentos para tratar de paralizar no solo los traslados desde Ceuta, sino también los de Canarias, que siguen el mismo procedimiento arbitrario. “No permitiremos que se sigan imponiendo traslados forzosos que ignoran tanto la situación de las autonomías como el interés superior del menor”, ha concluido Albalat.

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