Sociedad

El Síndic de Greuges abre dos investigaciones tras la denuncias del Kolectivo Jóvenes Parke de Alfafar

Admite a trámite las denuncias por impagos y por la situación del mercado solidario

Juanmi Fernández: "Se están jugando los derechos de las familias"

València

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha admitido a trámite las dos quejas presentadas por el Kolectivo Jóvenes Parke, y ha abierto sendos procedimientos de investigación. Las resoluciones, firmadas por la síndica adjunta primera, Concepció Bru Ronda, con fecha de registro del 30 de marzo de 2026, constatan que las actuaciones o inactividades denunciadas podrían afectar derechos reconocidos tanto de la entidad como de las personas atendidas y los trabajadores, ha informado la entidad en un comunicado.

Una investigación por impagos a la Conselleria de Servicios Sociales

El colectivo denuncia que la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia mantiene una deuda de 310.000 euros correspondientes a los servicios prestados entre abril y diciembre del año pasado en dos centros de día para menores en riesgo de exclusión, uno de intervención sociolaboral y otro de apoyo convivencial, con 24 plazas cada uno. Estos centros, afectados por la DANA del 29 de octubre de 2024, han mantenido su actividad a pesar de la catástrofe colectiva y los daños.

El Síndic ha requerido a la Conselleria un informe detallado en el plazo de un mes, en que tendrá que explicar los motivos de los impagos reiterados, las acciones para resolverlos y la previsión de normalización de los pagos. El concierto vigente se alarga hasta el 28 de febrero de 2027.

Otra investigación sobre el Ayuntamiento de Alfafar

En cuanto al Ayuntamiento de Alfafar, la queja recoge cuatro situaciones que ponen en riesgo la atención a familias vulnerables en el barrio del Parque Alcosa que son las siguientes:

  1. La intención de suspender la actividad del supermercado solidario que gestionan en el edificio Clara Campoamor (plaza Poeta Miguel Hernández, 14).
  2. Las dificultades para continuar con el comedor popular.
  3. La no renovación del convenio con la Plataforma de Iniciativas Sociales COOP V.
  4. La falta de convocatoria de la Tabla de Reconstrucción, constituido en mayo de 2025.

El Síndic ha solicitado en el Ayuntamiento un informe razonado en que tendrá que detallar, entre otras cuestiones, la situación administrativa del supermercado, si es posible normalizarlo sin cerrarlo, el futuro del comedor, el estado del convenio de la Cooperativa Social y las actividades realizadas por el Comité Local de Emergencia y Reconstrucción.

Juanmi Fernández, miembro del Kolectivo Jóvenes Parke, ha valorado la apertura de las investigaciones como "un primer paso fundamental" porque "el hecho de que el Síndic admita a trámite nuestras quejas y abra investigación demuestra que nuestras denuncias no son caprichosas. Hay una deuda real de 310.000 euros que ahoga nuestra capacidad de trabajo, y una situación en Alfafar que amenaza con cerrar recursos esenciales para más de 300 familias. Ahora esperamos que tanto Conselleria como Ayuntamiento colaboren y den respuesta a las preguntas del síndic", ha concluido.

El colectivo recuerda que el síndic ha dado un plazo de un mes a ambas administraciones para remitir los informes requeridos, y alertan de que, en caso de incumplimiento o falta de colaboración, se hará constar en la resolución final.

Acciones judiciales: la Universitat de València ya asesora el colectivo

El Kolectivo Jóvenes Parke no se quedará con los brazos cruzados mientras las administraciones dilatan sus responsabilidades. La entidad ya está trabajando de la mano de la Universitat de València, que ha realizado un primer análisis jurídico en el que avala la posibilidad de recurrir a la vía judicial, y ha trasladado al colectivo confianza en el proceso judicial.

Fuentes próximas al asesoramiento jurídico señalan que tanto los impagos reiterados de la Conselleria como la inacción del Ayuntamiento de Alfafar podrían constituir vulneraciones graves de derechos fundamentales, con un claro recorrido judicial para reclamar las cantidades debidas y la paralización de cualquier intento de cierre de los servicios sociales que gestiona la entidad.

"Ahora mismo estamos valorando muy seriamente comenzar acciones judiciales. La Universitat de València nos ha dado un apoyo jurídico fundamental y nos asegura que tenemos argumentos sólidos para ganar los casos. No descartamos ir a los tribunales si las administraciones no rectifican inmediatamente", ha avanzado Juanmi Fernández.

El colectivo continuará trabajando para mantener los servicios mientras se esperan las respuestas de las administraciones al síndic, pero advierten que la vía judicial está encima la mesa y que se tomará una decisión en las próximas semanas en función de la respuesta (o el silencio) de la Conselleria y el Ayuntamiento.

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