Los vecinos de Alicante critican que el nuevo "tasazo" de Barcala con la zona ORA es una "imposición recaudatoria"
Las asociaciones vecinales de Benalúa y Alipark critican, en Hoy por Hoy Alicante, la falta de diálogo del Ayuntamiento y alertan de un "efecto dominó" en los barrios colindantes
Entrevista en Hoy por Hoy Alicante a vecinos afectados por la futura ampliación de la Zona ORA
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Alicante
A golpe de pliego y sin haber cruzado una sola palabra con los vecinos afectados. Así es como los residentes de Benalúa y Alipark sienten que el Ayuntamiento de Alicante les ha "impuesto" la ampliación de la zona azul y la nueva zona naranja.
Tras el anuncio de la Junta de Gobierno de sacar a concurso la concesión del estacionamiento regulado por 143 millones de euros para los próximos 19 años, los representantes vecinales, en Hoy por Hoy Alicante alzan la voz para denunciar lo que consideran un plan meramente recaudatorio que poco tiene que ver con la movilidad sostenible.
Mercedes Martínez, presidenta de la Asociación de Vecinos 'El Templete' de Benalúa, y Diego Ardanaz, de Alipark, coinciden en que no existe ningún beneficio real para quienes viven en estos barrios.
El nuevo contrato contempla habilitar más de 2.500 nuevas plazas naranjas para residentes en sus barrios, pero también en otros como Princesa Mercedes o Franciscanos - Oliveretes. Sin embargo, los vecinos advierten de que lo que se vende como una ventaja (la gratuidad para los empadronados) es, en realidad, una pérdida de derechos.
"Nos quitan un espacio que ahora es gratuito para darnos una zona naranja donde, si hay rotación, seguiremos sin tener sitio para aparcar", lamentan ambos dirigentes vecinales.
Falta de alternativas
El malestar es profundo ante la falta de alternativas. Denuncian que la medida no llega acompañada de aparcamientos disuasorios ni de un transporte público más frecuente, lo que terminará desplazando el problema de saturación a barrios cercanos como San Blas o Babel.
Además, alertan del impacto económico para el pequeño comercio y para los familiares de residentes que no estén empadronados, quienes tendrán que pasar por caja para poder visitar a sus allegados. "Una ciudad no puede organizarse en contra de quien vive en ella", sentencian, mientras esperan una llamada del equipo de gobierno que, por ahora, sigue sin producirse.
