Sigue el conflicto por la macroplanta de biometano en Llíria: "No tiene apoyo social"

València

Llíria ya ha iniciado la cuenta atrás para la instalación de una macroplanta de biometano en su término municipal. Un proyecto de gran envergadura que ha generado un fuerte rechazo social, especialmente entre vecinos del propio municipio y también de Casinos, la localidad colindante que, por proximidad con la planta, está incluso más afectada. La planta, impulsada por The Green Vector (alianza entre Enagás Renovable y Genia Bioenergy) comenzó sus obras en febrero, pero desde que se conoció el proyecto en 2025 ha sido objeto de críticas por parte de la Asociación ciudadana Camp de Túria y Serranía. Sus objeciones, según explica su portavoz, Carlos Ruíz, se basan en tres factores principales: la ubicación de la planta, la dimensión del proyecto y la falta de consenso social durante su tramitación.

Sobre el tamaño de la instalación, datos apuntan a que la planta pretende tratar cerca de 192.700 toneladas de residuos al año, una cifra muy superior a las aproximadamente 34.000 toneladas que se generan en el entorno de Llíria. Esto abre una nueva duda: el origen de los residuos que alimentarán la planta.

Ruiz denuncia que ha primado la viabilidad económica de la empresa frente a la viabilidad social de los vecinos, y cuestiona que el proyecto responda realmente a un modelo de economía circular. En su opinión, ese modelo exigiría que tanto los residuos como la energía generada se mantuvieran en el entorno, algo que no ocurre, ya que el biometano se inyectará directamente en la red gasista.

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Dudas sobre los residuos generados

Otra de las preocupaciones se centra en los subproductos del proceso. La digestión anaeróbica genera, además del gas, grandes cantidades de digestato (hasta 177.000 toneladas, según la asociación) que se plantea utilizar como fertilizante, especialmente en un contexto como el actual marcado por problemas de abastecimiento por la guerra en Oriente Próximo.

No obstante, los críticos advierten de que estos residuos pueden contener metales pesados o restos de antibióticos, lo que cuestiona su uso como fertilizante ecológico y genera dudas sobre su impacto en suelos y acuíferos.

Preocupa la ubicación y su impacto

La localización también genera controversia. Aunque la planta se sitúa en el término de Llíria, realmente se encuentra a unos ocho o nueve kilómetros de su núcleo, lo que hace que realmente esté más próxima a Casinos, a apenas dos kilómetros. Eso sí, se ubica a tan solo un kilómetro de la tubería de gas y, según lo vecinos y las vecinas, este ha sido un factor determinante para elegir su emplazamiento.

A esta preocupación se suman los posibles efectos derivados de la actividad industrial, como los olores y el aumento del tráfico pesado. Según explica Ruíz, basándose en el proyecto, podrían circular más de un centenar de camiones diarios, y duda que las carreteras, ubicadas en zonas de campo, estén preparadas para absorber ese volumen. Desde el Ayuntamiento de Llíria, sin embargo, aseguran que no habrá problemas en este sentido

En cuanto a los olores, Ruiz reconoce que no existen estudios concluyentes que relacionen las plantas con casos graves de salud, pero advierte de experiencias en otros municipios, como Casasbuenas (Toledo), donde sí se están notificando problemas respiratorios y derivados por culpa de los malos olores que genera la planta si no se gestiona correctamente.

Según añade el portavoz, el investigador científico del CSIC, Antonio Turiel, les trasladó que la tecnología para minimizar impactos existe, pero que es tan cara que nadie les asegura que se vaya a poder utilizar ya que, según matiza en los documentos a los que desde la asociación han tenido acceso, hay muchas mejoras técnicas disponibles y se aplicarán únicamente si resultan económicamente viable.

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Llíria alega falta de competencias

Ante las quejas del vecindario, el Ayuntamiento de Llíria sostiene que no tiene margen de actuación. Su alcalde, Paco Gorrea, asegura que cuando accedió al cargo en julio de 2025 el proyecto ya contaba con la Declaración de Interés Comunitario (DIC) aprobada desde hacía un año, lo que limita la capacidad municipal para frenar la iniciativa.

Por ello, subraya que están en conversaciones con los alcaldes de los municipios vecinos (Casinos y Domeño), y su intención es, dentro del ámbito de actuación de la mancomunidad de Camp de Turia, solicitar e instar a la Generalitat a que regule este tipo de industrias, especialmente en la distancia con los núcleos de población y el lugar de procedencia de los residuos que se van a tratar en la planta.

El consistorio plantea ahora llevar al Pleno una modificación del Plan General de Ordenación Urbana para suspender licencias y evitar la implantación de nuevas industrias en este suelo, calificado como DIC.

Denuncian una nula participación pública efectiva

En contraposición, el Ayuntamiento de Casinos, junto con la asociación, denuncia una falta de participación pública efectiva, y asegura que no fue informado para poder presentar alegaciones o evaluar las posibles afecciones del proyecto en su territorio.

En consecuencia, su alcalde, Miguel Navarré, sí que ha interpuesto un recurso ante la Dirección General de Medio Ambiente y también un recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de Medio Ambiente. En este último, piden la revisión de la DIC, y están a la espera de una respuesta. Si no prospera, no descarta acudir a la vía judicial.

El consistorio ha encargado además a peritos independientes un estudio sobre posibles afecciones (en materia de olores, contaminación de acuíferos y riesgos para la salud) y prevé ampliarlo para reforzar su posición de cara a un posible juicio.

Navarré asegura contar con respaldo social y reclama a la Generalitat que escuche a la ciudadanía. Insiste en la necesidad de abrir un proceso real de alegaciones para demostrar, sostiene, que la planta puede resultar perjudicial para los vecinos.

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La Generalitat defiende el proyecto

Frente a las críticas, la Generalitat defiende el desarrollo de este tipo de instalaciones como una oportunidad y considera que el biometano puede ser clave para reducir la dependencia energética exterior. Recuerda que la Comunitat Valenciana cuenta actualmente con una treintena de instalaciones de tamaño reducido cuya mayoría están vinculadas a depuradoras, y estos datos, según afirman, evidencian que los registros sitúan a la Comunitat muy por debajo de la media europea: la producción de biogás es de 0,25 TWh/año, cinco veces menos que el de Europa.

Desde el Consell subrayan que estas plantas, incluida la de Llíria, son instalaciones de última generación que deben cumplir unos parámetros muy estrictos para poder operar, así como toda la reglamentación con el objetivo de evitar un impacto en el entorno. Hacen hincapié en que la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental trabaja para que todas las instalaciones cumplan toda la normativa y se minimice todo lo posible el impacto en el entorno con diferentes medidas correctoras en colaboración con los municipios.

Asimismo, recalcan que la autorización de estas plantas no solo depende de la Generalitat, también de los ayuntamientos. Por último, destacan su potencial para fomentar, entre otros, la reutilización de desechos agrícolas y ganaderos o lodos.

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