CCOO denuncia el colapso en el Centro de Menores de Alborache y culpa a las administraciones central y autonómica de usar a esos menores como munición política

València

Más de 120 adolescentes residen actualmente en un centro con una capacidad máxima de 84 plazas. Ante esta situación los trabajadores denuncian el hacinamiento de los menores, la falta de recursos y personal, y el aumento de la violencia que se viene dando en un centro que opera con el contrato caducado (enriquecimiento injusto), mientras se espera la llegada de más menores a la Comunitat Valenciana.

Julio Fernández, delegado de CCOO del sector infancia, lamenta que ambas administraciones usen a los menores (y a los trabajadores que los atienden) para desnudar las vergüenzas políticas del contrario.

No es una situación nueva, explica Fernández. Pero teme que ahora se agrave todavía más con el reparto de menores planteado desde el gobierno central que contempla la llegada de 450 menores más a la Comunitat Valenciana procedentes de Ceuta y Canarias, lo cual incrementaría aún más la presión sobre unos recursos que ya se encuentran al límite de sus posibilidades. Pero el gobierno central no tiene en cuenta la realidad de la Comunitat Valenciana y su escaso interés por mejorar esas instalaciones y la falta de previsión del Consell.

Esta sobreocupación se traduce en condiciones indignas para los menores que son atendidos que desembocan, incluso, en episodios de violencia. Las habitaciones, diseñadas para dos o tres menores, acaban albergando hasta cinco menores, con circunstancias que rozan el maltrato institucional: colchones en el suelo, ropa interior compartida, prendas lavadas a mano y secadas en las ventanas, y un largo etc que pone de manifiesto el colapso que los trabajadores denuncian.

En otro plano, el profesional y educativo, esta situación también afecta de forma directa con unas ratios excedidas (uno o dos profesionales pueden llegar a hacerse cargo de grupos de hasta 18 o 20 adolescentes), que impiden que la atención e intervención con los menores pueda darse con unas mínimas garantías, quedando difuminada la intervención individualizada y aumentando de facto el riesgo de conflictos.

En esta misma línea los trabajadores alertan de un aumento de los episodios de violencia con motines, incendios provocados o agresiones (incluidas a profesionales).

A todo ello se le suma el hecho que se trata de uno de los muchos Centros que la Consellería mantiene sin contrato (con la licitación caducada).

La plantilla denuncia además un progresivo deterioro de las condiciones laborales, con una falta de personal que no cumple con las ratios necesarias, y con un aumento de bajas médicas y de dimisiones.

Tras años trasladando esta situación a la empresa, a la administración y a la Inspección de Trabajo, finalmente los profesionales han decidido hacerla pública.

Si no se adoptan medidas urgentes, advierten los propios profesionales del recurso, que el riesgo de incidentes graves seguirá aumentando en un centro que consideran ya desbordado.

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