El PP denuncia reparos técnicos en un contrato del FirAll 2026 y el gobierno de Xàtiva defiende su legalidad

Xàtiva

El Partido Popular de Xàtiva ha denunciado supuestos incumplimientos en la tramitación de un contrato menor vinculado al FirAll 2026, mientras que el equipo de gobierno municipal ha defendido que el Ayuntamiento actúa “con total rigurosidad” conforme a la legislación vigente.

Según la nota difundida por el PP, la formación ha tenido acceso a la Resolución 2026-0277, relativa al contrato menor para los servicios de dirección técnica y certificación del montaje y uso de instalaciones en vía pública para el FirAll 2026. En ese expediente, sostienen, “Intervención y Secretaría formulan una objeción conjunta por incumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público”.

La nota añade que “en el expediente consta expresamente el incumplimiento del artículo 116 de la LCSP al proponerse la prestación de un servicio sin la celebración del correspondiente procedimiento de contratación”, y que además “no resulta de aplicación la excepción prevista en el artículo 29.4 de la citada ley” .

El PP también señala que desde Secretaría “se advierte igualmente que la omisión del procedimiento y las contrataciones que supongan un fraccionamiento irregular vulneran directamente el ordenamiento jurídico”, remitiéndose “incluso a un informe previo vinculado al Plan de Contratación 2026 donde ya se diagnosticaban este tipo de prácticas .

Según los populares, “pese a esta advertencia formal y por escrito de los órganos de control interno del Ayuntamiento, la Alcaldía ha resuelto la discrepancia a favor de continuar con la tramitación del contrato” .

El portavoz del Partido Popular, Marcos Sanchis, ha afirmado que “cuando los funcionarios habilitados nacionales advierten por escrito de un incumplimiento de la Ley de Contratos, lo responsable es rectificar, no imponer el criterio político” .

Sanchis ha añadido que “lamentablemente no estamos ante un hecho aislado. En este Ayuntamiento ya empieza a ser una costumbre que los órganos técnicos alerten de incumplimientos o irregularidades y el gobierno municipal decida seguir adelante mediante la resolución de discrepancias”.

Además, ha manifestado que “en los últimos meses hemos visto situaciones similares en expedientes de contratación vinculados a servicios culturales y en otros procedimientos administrativos donde los técnicos han planteado objeciones que posteriormente han sido levantadas por decisión política. No es un episodio puntual, es una forma de gestionar”.

El portavoz popular también ha declarado que “Intervención y Secretaría no son un obstáculo. Son una garantía para la ciudad. Su función es proteger la legalidad y el interés general. Cuando sus advertencias se convierten en algo habitual y sistemáticamente se resuelven discrepancias para continuar, el problema deja de ser técnico y pasa a ser político”.

FirAll 2026

En su comunicado, el PP se pregunta por qué “un servicio vinculado a un evento público como el FirAll, perfectamente previsible y programable, no se tramitó conforme al procedimiento ordinario que marca la ley”.

Sanchis concluye que “lo preocupante no es solo este contrato concreto. Lo preocupante es el patrón: advertencia técnica, discrepancia política y continuidad del expediente”, y añade que esa dinámica “genera inseguridad jurídica, deteriora la confianza en la gestión municipal y transmite la sensación de que la legalidad es un trámite que se sortea cuando incomoda".

Finalmente, el portavoz popular afirma que “gobernar bien es anticiparse, planificar y cumplir la ley desde el inicio. Cuando constantemente hay que levantar reparos o resolver discrepancias para sacar adelante expedientes, es que algo no se está haciendo correctamente. Xàtiva merece una gestión rigurosa, no una pelea permanente entre los técnicos que alertan y los políticos que fuerzan”.

Cumplimiento de la legalidad

Por su parte, el equipo de gobierno ha respondido que “el Ayuntamiento de Xàtiva ha cumplido, cumple y cumplirá con total rigurosidad con la legislación vigente en materia de contratación”.

Como argumento, añade que “en 10 años de gobierno no ha habido ninguna reclamación judicial en este sentido que haya prosperado”.

En su respuesta, el ejecutivo municipal sostiene además que, “si el PP tiene alguna duda respecto de la legalidad de algunos de los cientos de contratos que se realizan al año, solo tiene que acudir a la justicia y presentar la correspondiente demanda”, y añade que eso “ni ha hecho ni hará porque sabe que este es el proceso que recoge la ley para continuar con la tramitación de los contratos menores como al que hace referencia su nota de prensa”.

El gobierno municipal concluye que “en esta ciudad todos sabemos cuál es el partido que trampea la ley cuando gobierna” y añade que “en 26 años de gobiernos socialistas no ha habido ni un solo caso de corrupción. Ellos no pueden decir lo mismo”.