El técnico del pliego de Les Naus defiende la venta de la parcela pero tilda de "extraño" que la cooperativa tuviera el papeleo en 24 horas

Alicante

Hoy era la primera jornada de comparecencias dentro de la comisión del Ayuntamiento de Alicante sobre la polémica urbanización de viviendas públicas en la playa de San Juan. De las seis comparecencias de técnicos municipales que había previstas, solo ha comparecido uno. Eran técnicos que estaban relacionados con la enajenación de la parcela municipal donde se construyeron las VPP o funcionarios que habían sido adjudicatarios de alguna de las viviendas públicas.

El único que ha respondido a la llamada de la comisión ha sido el entonces jefe de departamento de Gestión Patrimonial, José Luis Ortuño. Fue él quien, en 2016, elaboró el primer pliego de condiciones para enajenar la parcela.

Ortuño, ya jubilado, ha justificado que la enajenación era una de las figuras que permitía la ley y asegura que se decidió que esta fuera la primera de varias promociones que pretendían desarrollarse en distintas partes de la ciudad. Se optó por comenzar en una de las zonas más valiosas de Alicante, la playa de San Juan, para asegurarse de que fuera una operación atractiva para los promotores y que no quedara desierto el concurso.

Además, añade que el pliego para la venta de la parcela se hizo respetando la legislación de aquel entonces y desconoce quién fue el responsable o qué criterios se siguieron posteriormente para adjudicar las viviendas públicas y quién debía fiscalizarlas.

También reconoce que es extraño que la cooperativa que resultó adjudicataria pudiera preparar toda la documentación necesaria en apenas 24 horas cuando la siguiente tardó casi dos semanas.

Por último, ha lamentado que los retrasos, con varias paralizaciones de por medio, haya dilatado tanto el procedimiento, con lo que "los objetivos se desvirtúan" y surge la polémica. Según él, la tramitación debía de haberse solventado, en un año en lugar de casi una década, pero desconoce los motivos.

Conclusiones de la oposición

Y las conclusiones de esta primera jornada de comparecencias tan "descafeinada" no se han hecho esperar. Asegura la portavoz socialista, Ana Barceló, que ha quedado acreditado que el pliego de condiciones se modificó en varias ocasiones sin que su redactor inicial, el propio Ortuño, tuviera conocimiento de ello.

Además, destaca que el concejal de Urbanismo en 2018 dentro del bipartito PP-Ciudadanos, Adrián Santos Pérez, también relajó las sanciones a la cooperativa en caso de incumplimiento del contrato cuando se iba a completar la escritura de la parcela. Todo ello, asegura Barceló, sin que haya ningún acuerdo de la Junta de Gobierno Local ni algún informe técnico que lo justificara. Por ello, acusa al PP de no controlar el proceso como era su obligación.

En este sentido, la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, destaca que a Ortuño le haya extrañado la rapidez de la cooperativa para presentar toda la documentación que se le requería para optar a al concurso de enajenación de la parcela.

Solo tardó 24 horas desde que se abrió el plazo y recuerda que la siguiente empresa presentó toda la documentación requerida 12 días después. Por ello, la cooperativa podría haber tenido acceso a información privilegiada.

Por último, Rafa Mas, de Compromís, destaca que la edil de Patrimonio Nayma Beldjilali tuvo que ser informada de las incompatibilidades y los posibles conflictos de intereses de concejales y funcionarios adjudicatarios.

Por tanto, añade, el alcalde Barcala debería conocerlos desde que se realizó el primer informe en junio de 2024. Informe que, asegura, posteriormente fue suavizado para no destacar esas incompatibilidades.