Radiografía de la fiscalidad valenciana: mayor presión, menor capacidad e injusticia tributaria

Valencia

La Comunitat Valenciana vuelve a situarse entre las comunidades con mayor presión fiscal, según el informe Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2026, presentado en el Ilustre Colegio de Economistas de València. Un escenario que, según ha señalado Juan José Enríquez, presidente del Consejo de Colegios de Economistas de la Comunitat Valenciana y decano del Ilustre Colegio de Economistas de Valencia, tiene un impacto directo sobre la capacidad económica de los contribuyentes.

En una entrevista en La Ventana Comunitat Valenciana, Enríquez señala que “a mayor tributación, menor capacidad económica de los contribuyentes”, lo que se traduce en “menor capacidad de gasto y también menor capacidad de inversión”. No obstante, matiza que, aunque los valencianos se encuentran “en la parte alta de tributación” en el conjunto de España, “tampoco podemos decir que estemos de una forma disparatadamente alta en relación con otros españoles”.

El economista reconoce que las diferencias con otros territorios no son homogéneas. “Sí que estamos en la parte alta, pero las diferencias quizá no sean tan graves según con quién nos comparemos”, afirma, aunque admite que “en algunos casos sí que las diferencias son notables”.

Infrafinanciación

Durante la entrevista, Enríquez vincula esta elevada presión fiscal a la infrafinanciación crónica que arrastra la Comunitat Valenciana y asegura que este factor condiciona de forma determinante la política fiscal autonómica. “Yo creo que está condicionado total y absolutamente”, afirma, al explicar que el legislador valenciano debe intentar cuadrar las cuentas “o, si vas a tener un déficit, que es lo que pasa en la práctica, intentar no pasarte de aquellos porcentajes que te establece la normativa”.

En este sentido, sostiene que la Generalitat legisla sabiendo que cuenta con menos recursos que otros territorios. “El legislador valenciano sabe que cuenta con unos menores recursos procedentes del sistema de financiación autonómica y que, por tanto, puede jugar con menos soltura que lo que podrían hacer en otras comunidades autónomas”, señala, antes de añadir que este condicionante “pesa desde el minuto uno a la hora de legislar”.

Preguntado por si esta situación ha variado con el cambio de gobierno, Enríquez es tajante: “Es idéntica y no ha cambiado nada en cuanto a lo que es el régimen de financiación autonómica”. A su juicio, el punto de partida sigue siendo el mismo, independientemente de que el actual Consell defienda una bajada de impuestos.

El presidente del Consejo de Colegios de Economistas de la Comunitat Valenciana apunta, no obstante, a diferencias de enfoque político. Mientras que el anterior gobierno del Botànic podía estar “más dispuesto a incurrir en déficit y acudir a la deuda pública”, considera que el Partido Popular “tiene más reparos o es más contrario a incurrir en déficit”. Sin embargo, subraya que la realidad es común a ambos ejecutivos: “En ambos casos se incurre en déficit y, en ambos casos, se incurre en endeudamiento”.

Como consecuencia, recuerda que la Comunitat Valenciana es “la comunidad de mayor endeudamiento en relación con el PIB de toda España”.

Margen fiscal, deducciones y reformas pendientes

Sobre la posibilidad de bajar impuestos sin que se haya reformado el sistema de financiación autonómica, Enríquez afirma que “existe margen”, aunque advierte de los efectos presupuestarios. “Sabemos que bajar impuestos va a aumentar el déficit que tenemos”, explica, al recordar que la Comunitat Valenciana ya parte de una situación de déficit estructural.

En este contexto, defiende que el legislador debe valorar si ese mayor déficit puede verse compensado. “Tiene que pensar que ese mayor déficit público, su impacto negativo, se compensa por la mejora de la eficiencia económica y la mejora para la equidad desde el punto de vista de la tributación de las personas físicas”, señala.

Hasta que se produzca una reforma del sistema, Enríquez defiende la adopción de medidas transitorias. “Mientras no se consiga corregir todo el sistema en su conjunto, deberían tomarse medidas coyunturales”, afirma, en forma de aportaciones anuales del Estado que ayuden a compensar el déficit de financiación que sufre la Comunitat Valenciana. Una situación que, según recuerda, también afecta de forma similar a la Región de Murcia, con la que dice estar “prácticamente igualada” en este déficit.

El economista califica la infrafinanciación como una “injusticia clara”, al considerar que supone “tratar peor a una parte de los españoles sin ningún motivo”. “No hay motivo ninguno para que los valencianos tengamos menos capacidad económica, a nivel de nuestras administraciones públicas, que habitantes de otras zonas de nuestro país”, afirma.

En relación con la fiscalidad autonómica, desde el Registro de Economistas Asesores Fiscales se insiste en la necesidad de revisar los tributos propios y avanzar hacia textos refundidos. Enríquez considera que sería necesario “establecer unas reglas un poco comunes” entre comunidades, sin poner en cuestión la autonomía fiscal ni la responsabilidad fiscal. A su juicio, “relajar diferencias tan dispares tampoco es bueno desde el punto de vista del mercado”, y defiende una competencia fiscal “dentro de un orden y con reglas”.

Sobre las deducciones fiscales aprobadas por el Consell, explica que su impacto es desigual. “Algunas sí, otras no”, señala, en referencia a las deducciones del IRPF aprobadas en los últimos años, como las de carácter sociosanitario o vinculadas a la práctica del deporte. Según explica, su impacto presupuestario es limitado, pero tienen un efecto amplio sobre la ciudadanía, al estar “muy extendidas”.

En este sentido, recuerda que estas deducciones se han ampliado en 2025 a todas las personas físicas con una base liquidable inferior a 60.000 euros, lo que, a su juicio, hace que su efecto sea “bastante generalizado”. No obstante, subraya que la medida con mayor impacto presupuestario fue “la bonificación del impuesto sobre sucesiones para los hijos”, aprobada “prácticamente al mes siguiente de tomar posesión el nuevo Consell”.

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