El Gobierno de Ontinyent y el PSPV chocan por la gestión y los recursos de la regularización de migrantes

Ontinyent

El Ayuntamiento de Ontinyent ha organizado una sesión informativa abierta a la ciudadanía con el objetivo de orientar a las personas migrantes interesadas en el nuevo proceso extraordinario de regularización impulsado por el Gobierno de España. La convocatoria se celebrará este viernes a las 11:00 horas en la Sala Gomis y contará con personal técnico municipal especializado en servicios sociales y extranjería.

La iniciativa se plantea como un espacio de explicación y acompañamiento en el que se detallará “quién puede acogerse a esta regularización extraordinaria”, así como “cuáles son los requisitos que deben cumplirse, qué documentación es necesaria y cuáles son los plazos establecidos dentro del procedimiento administrativo”. Además, el Ayuntamiento ha previsto que las personas asistentes puedan plantear dudas concretas y recibir orientación individualizada sobre su situación.

El contexto de esta medida está marcado por la publicación en el Boletín Oficial del Estado del Real Decreto que regula esta regularización extraordinaria, lo que activa formalmente el procedimiento. Según la información disponible, el proceso ya puede iniciarse de forma telemática, y a partir del 20 de abril también podrá tramitarse presencialmente en oficinas de la Seguridad Social, Correos y Extranjería. El plazo permanecerá abierto hasta el 30 de junio de 2026. Se trata de la séptima regularización extraordinaria en la historia de España y llega veinte años después de la última, en un escenario en el que se estima que alrededor de 100.000 personas podrían beneficiarse en la Comunitat Valenciana si cumplen los requisitos.

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Acusaciones entre gobierno y oposición

La concejala de Política para las Personas, Paula Soler, ha enmarcado esta nueva regularización dentro de lo que considera un problema estructural de financiación y organización entre administraciones. En sus declaraciones ha criticado que “los grandes partidos que gobiernan en las administraciones superiores siempre solucionan todo descargando el trabajo en los ayuntamientos”, una idea con la que denuncia que la administración local acaba asumiendo competencias sin recursos suficientes.

Soler ha ido más allá al señalar que este tipo de decisiones generan una presión añadida sobre los servicios municipales, afirmando que “la decisión del Gobierno central de hacer esta regularización extraordinaria acaba también en una situación de saturación de los ayuntamientos, pero sin dotarlos de recursos”. En su intervención ha insistido en que el Ayuntamiento, pese a estas dificultades, seguirá dando respuesta a la ciudadanía dentro de sus posibilidades, impulsando acciones como la charla informativa para orientar a las personas afectadas.

En este mismo debate, el PSPV-PSOE en Ontinyent ha reclamado al equipo de gobierno una mayor implicación institucional y un refuerzo de los medios municipales para garantizar que el proceso se desarrolle con igualdad de condiciones. El portavoz socialista, José Antonio Martínez, ha advertido que el consistorio debe implicarse de forma activa porque “no se puede mirar hacia otro lado”, al tratarse de “derechos, responsabilidad pública y de construir una ciudad que no deje a nadie atrás”.

Los socialistas han puesto el foco también en la necesidad de garantizar información clara, accesible y gratuita, alertando de posibles situaciones de abuso. En este sentido, han subrayado que “los trámites son completamente gratuitos” y han advertido de la importancia de evitar estafas o cobros indebidos a personas migrantes. Además, han propuesto reforzar la oficina municipal de información y acompañamiento, así como los servicios administrativos encargados de gestionar documentación clave como el certificado de empadronamiento histórico o la acreditación de residencia continuada, documentos esenciales en este tipo de procedimientos.

El PSPV recuerda además que la población migrante representa aproximadamente entre el 13,8 % y el 15 % del total de habitantes de Ontinyent, lo que a su juicio refuerza la necesidad de consolidar estructuras estables de atención y apoyo, especialmente en momentos de incremento de trámites administrativos.

El alcalde defiende la respuesta municipal

El alcalde de Jorge Rodríguez ha respondido a las críticas destacando la rapidez con la que el Ayuntamiento ha activado la respuesta institucional tras la aprobación del Real Decreto por parte del Consejo de Ministros. Según ha explicado, el proceso se ha desarrollado con agilidad: “el martes se aprobó el acuerdo, el miércoles se publicó y ya se ha convocado para el viernes la reunión informativa”.

Rodríguez ha defendido que el consistorio comparte la necesidad de dotar de recursos suficientes a la administración local para afrontar el proceso con garantías. En su intervención ha insistido en que la regularización debe permitir que las personas puedan “trabajar con contratos legales, cotizar a la Seguridad Social y no quedar en un limbo”, subrayando el impacto social y laboral de la medida.

Sin embargo, también ha dirigido críticas al Gobierno central al considerar que este tipo de políticas se impulsan sin la financiación necesaria para su ejecución en el ámbito municipal. En este sentido, ha resumido la situación como un modelo en el que “se aprueba la medida, pero no se dotan los recursos para aplicarla”, lo que, según su visión, provoca una sobrecarga en los servicios locales.

Sobre la propuesta del PSPV-PSOE de reforzar la oficina municipal de atención a personas migrantes, el alcalde ha asegurado que el Ayuntamiento ya está actuando en esa dirección y que incluso se ha ampliado personal ante el aumento de solicitudes de información, empadronamientos e informes sociales. Aunque ha valorado positivamente las aportaciones de la oposición, ha defendido que muchas de las medidas ya están en marcha y ha reiterado que el consistorio seguirá reforzando la atención “con o sin ayuda del Estado”, manteniendo el objetivo de dar respuesta a la ciudadanía en un proceso que considera de gran impacto social y administrativo.