El TSJCV anula la moratoria del Ayuntamiento de València a los apartamentos turísticos

Valencia

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha anulado la decisión del Ayuntamiento de València de suspender la tramitación y otorgamiento de las licencias de cambio de uso para la implantación de nuevos usos terciarios hoteleros como las viviendas turísticas en determinadas zonas de la ciudad.

Los magistrados han tomado esta decisión en una sentencia notificada este jueves en la que estiman parcialmente el primer recurso interpuesto contra esta moratoria municipal.

La razón de la nulidad parcial del acuerdo dictado por el Pleno del Consistorio valenciano el 28 de mayo de 2024 reside en que éste se remitió a un precepto legal, el artículo 68.1 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, vigente en ese momento, que no permitía adoptar esa medida.

“El precepto no incluía en el texto original, por tanto, ni la suspensión de la tramitación y otorgamiento de las licencias de cambio de uso, ni la suspensión de la eficacia de las declaraciones responsables, que se añadieron al citado artículo 68.1 en la modificación operada por el decreto-ley 7/2024 (redacción en la actualidad vigente, tras las Ley 6/2024, de 5 de diciembre, de la Generalitat, de simplificación administrativa”, según recoge la resolución judicial.

La Sala cita jurisprudencia del Tribunal Supremo según la cual la suspensión cautelar de la tramitación y otorgamiento de licencias acordada por la administración promotora de un plan urbanístico con el fin de facilitar el estudio o reforma de la ordenación urbanística, en cuanto se trata de una medida limitativa de derechos individuales, “ha de interpretarse de manera restrictiva”.

El Alto Tribunal valenciano considera por ello contrario a derecho el acuerdo del Pleno del 28 de mayo de 2024, en tanto que suspende la tramitación y otorgamiento de esas licencias para el cambio de uso a otros usos terciarios hoteleros como la eficacia de las declaraciones responsables que se hubieran presentado para implantar esos nuevos usos.

Los magistrados rechazan en cambio -de ahí la estimación parcial y no total del recurso- declarar la nulidad de la suspensión de la tramitación y otorgamiento de las licencias de edificación para nuevos usos terciarios hoteleros.

En este caso, según establece la sentencia, el Ayuntamiento sí justificó suficientemente con datos “la procedencia de la medida cautelar” a fin de “proteger el entorno urbano y garantizar el derecho a disfrutar de la vivienda, que constituyen, cabe reiterarlo, imperiosas razones de interés general a efectos de aquella normativa”.

A juicio de la Sala, la moratoria que afecta a las licencias de edificación resulta “necesaria y proporcionada”, ya que -como argumentaba el acuerdo del Pleno- solo por ese medio “se puede impedir con garantías de éxito (…) la consolidación de nuevos usos terciarios hoteleros mediante la obtención de nuevas licencias contrarias a la ordenación urbanística en estudio”.

La sentencia dictada ahora por el TSJCV no es firme y contra ella cabe recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

Respuesta del equipo de gobierno

Precisamente, el Ayuntamiento de València subraya que la sentencia del TSJCV no es firme y que sus servicios jurídicos estudiarán la interposición de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo para defender íntegramente los acuerdos plenarios. El consistorio destaca que el fallo avala la suspensión de licencias para nuevos usos hoteleros y turísticos, al considerarla una medida necesaria, proporcionada y basada en razones de interés general, como la protección del entorno urbano y del derecho a una vivienda digna frente al crecimiento de las viviendas de uso turístico en la ciudad.

Según la respuesta municipal, la estimación parcial del recurso se apoya únicamente en una discrepancia técnico-jurídica de carácter interpretativo, y no en el fondo de la medida. En concreto, el tribunal cuestiona si la redacción vigente del artículo 68.1 del TRLOTUP amparaba expresamente la suspensión de licencias por cambio de uso y la eficacia de las declaraciones responsables, una interpretación que el Ayuntamiento mantiene y que, además, quedó reforzada posteriormente por el Decreto-Ley 7/2024 del Consell, que clarificó y amplió dicha potestad administrativa.

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