La UCO apunta a reuniones de Bellver con el empresario de Azud en "locales de ocio" y empresas sobre el PAI del Grao (València)

Valencia

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apunta a reuniones de quien fuera concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de València y actual director general de Transparencia del Gobierno valenciano, Jorge Bellver, con el empresario Jaime Febrer, principal investigado en el caso Azud, en "locales de ocio" o "sedes de empresa" para abordar el PAI del Grao o el circuito de F1.

Así se desprende de uno de los informes que ha entregado la UCO a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia, Plaza número 13, encargado de investigar el caso Azud, relativo a presuntas 'mordidas' a cambio de adjudicaciones de obra pública del Ayuntamiento por parte de empresas adjudicatarias que habrían realizado facturas supuestamente ficticias.

En concreto, este informe --ampliatorio de uno anterior-- analiza el proceso de ordenación urbanística de la zona El Grao. Los agentes también han trasladado al juzgado un informe relativo a la participación en los hechos de José Luis Vera --abogado y exresponsable jurídico de Divalterra-; y otro sobre las actuaciones desarrolladas por el grupo Axis con relación al programa de actuación integrada El Espartal de la localidad alicantina de Xixona.

Respecto al informe del Grao, los agentes recuerdan que se trata de una de las operaciones por las cuales el grupo Axis abonó fondos a José María Corbín, cuñado de la que en ese momento era alcaldesa de València, Rita Barberá, ya fallecida. Concretamente Corbín, a través de la mercantil Corbín Abogados SL, habría percibido como consecuencia de esta operación urbanística un total de 224.116 euros entre los ejercicios 2007 y 2012.

Al igual que en la mayor parte del resto de operaciones investigadas, estos pagos a Corbín Abogados "se habrían materializado confeccionando para ello un marco de contratación y facturación ficticio, en este caso a través de dos contrataciones concatenadas", sostiene la UCO.

En general, la UCO ha detectado inexistencia de prestación de servicios por parte de Corbín Abogados SL; confección de un marco de contratación y facturación ficticio entre las sociedades intervinientes; utilización de una sociedad intermediaria para, aparentemente, desvincular los pagos percibidos por Corbín Abogados SL de su verdadero origen (Acinelav Inversiones 2006 SL); y desarrollo por parte de José María Corbín de diversas gestiones en el marco de la operación urbanística no enmarcada en una labor de asesoría o gestión, sino en las derivadas de sus capacidades en el seno del Ayuntamiento y como consecuencia de su posición familiar.

Además, según detalla la UCO, el Grupo Axis, a través del pago de comisiones de naturaleza ilícita o la entrega de otro tipo de dádivas a diferentes cargos públicos o personas vinculadas a estos, "habría desarrollado importantes capacidades para influir sobre los procedimientos administrativos en los que presentaba intereses económicos".

En el caso concreto del desarrollo urbanístico de la zona de El Grao, el análisis efectuado pone de manifiesto que, con el objetivo de viabilizar su tramitación administrativa, se habrían mantenido contactos y llevado a cabo gestiones "con otra serie de cargos públicos", presentando todos ellos el aspecto común de que fueron destinatarios de diferentes dádivas por parte del Grupo Axis, y nombra a Rafael Rubio --exsubdelegado del Gobierno en Valencia--, Vera, José María Cataluña --exresponsable de Finanzas del PSPV-PSOE--, Jorge Bellver y Carlos Masía --exgerente de Aumsa--.

Los regalos

En cuanto a Bellver y las dádivas, el informe detalla que Febrer tenía albergado un contacto de correo electrónico referente al exedil en el que en el apartado de 'Notas' constaba: "Dirección otra: casa de su madre (aunque ha fallecido ... ) Casa de su suegra para regalos (...)".

Los agentes apuntan también a varias reuniones de Bellver con la trama, algunas de ellas por razón del cargo que desempeñaba, y otras mantenidas aparentemente al margen de las anteriores.

Sobre estas últimas, señala que se produjeron en "locales de ocio" o "sedes de empresas" y cita algunas como la mantenida el 13 de septiembre de 2007 entre Bellver y Febrer, que constaba en el calendario del correo electrónico, y se destacaba en los asuntos a tratar 'Circuito'.

En similar sentido, el 20 de enero de 2009, se observaba otra reunión en la que el asunto es 'Jorge BELLVER', siendo uno de los temas a tratar: "PAI GRAOCOPERFIL", entre otras. Del mismo modo, durante 2010, se han hallado fechas marcadas en el calendario de la secretaría de Febrer con referencias a Bellver.

Reunión con exalto cargo de defensa

El informe también recoge, en relación con el proyecto de El Grao, que la tramitación del expediente urbanístico relativo a la modificación del PGOU y Plan Parcial del Sector Grao afectaba a las parcelas propiedad del Ministerio de Defensa, atribuyéndose durante esta tramitación una calificación urbanística errónea que llevó a la emisión de un informe preceptivo por parte de la Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Defensa al Servicio Territorial de Ordenación del Territorio de Valencia.

En este sentido, con el fin de alcanzar sus objetivos urbanísticos, los agentes reflejan tomas de contacto y gestiones entre los empresarios y diversos cargos públicos o personas relacionadas, como Vera, Rubio y Bellver, y la UCO destaca los encuentros mantenidos con Mónica Melle, en ese momento directora general de Infraestructuras del Ministerio de Defensa.

A juicio policial, es "relevante" la relación entre Mónica Melle y José Luis Vera, debido a que durante la tramitación del expediente urbanístico relativo a la modificación del PGOU y Plan Parcial del Sector Grao, precisamente la Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Defensa emitió un informe preceptivo y vinculante dirigido al Servicio Territorial de Ordenación del Territorio de Valencia y fue remitido al Ayuntamiento de València.

En el mismo se señalaba que el proyecto relativo a la modificación del PGOU y PP del Sector Grao afectaba negativamente a la propiedad que los mismos ostentaban denominada 'Comandancia Militar de Marina', indicando que dicha instalación militar no figura en la documentación del proyecto.

Además, incidía en que los terrenos dónde se hallaría aparecen reclasificados como "zona verde y ajardinada", indicando que supondría una afectación a la calificación del suelo y a la operatividad de la Comandancia Militar de Marina. En este sentido, el organismo solicitaba la subsanación contemplando la ubicación de la instalación militar, así como su calificación urbanística y la aplicación de la normativa correspondiente para considerarla Zona de Seguridad.

En el escrito de Conselleria en el que se llevó a cabo la aprobación definitiva se subsanaban estos aspectos dando lugar a que la 'Comandancia Militar de Marina' mantuviera su situación actual y la calificación urbanística correspondiente que era la de Dotacional Público de Red Primaria, Servicio Administrativo-Institucional con la denominación PAD.