La falta de vivienda pública agrava la crisis de acceso en València

València

La falta de vivienda pública y el encarecimiento del mercado inmobiliario están agravando el acceso a la vivienda en València y su área metropolitana. Antonio Sánchez Andrés, director de la Cátedra de Política Económica y Social de la Comunitat Valenciana de la Universitat de València, Luz Ramírez, investigadora de la misma cátedra, y Fernando Cos-Bayón, director de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la UPV, coinciden en que se trata de un problema estructural. “La vivienda pública es donde participa el Estado en su construcción y en su promoción”, explica Sánchez Andrés.

En este escenario, la vivienda de protección oficial apenas representa entre el 3 % y el 5 % de la nueva construcción en la Comunitat Valenciana, una cifra insuficiente para responder a la demanda. “La vivienda ya no cabe en Valencia, la demanda no se resuelve dentro de la ciudad, se desplaza fuera”, señala Cos-Bayón, en referencia a un fenómeno que ya está elevando los precios en municipios como Godella o Burjassot por encima de los 4.000 euros por metro cuadrado.

Vivienda pública

Antonio Sánchez Andrés detalla que este tipo de vivienda cuenta con precios limitados y condiciones de acceso específicas: “Aparecen vinculadas a ayudas que reciben los promotores y tienen características y tamaños definidos, además de restricciones por renta o circunstancias personales”. Esto permite que colectivos con más dificultades puedan acceder a una vivienda en mejores condiciones.

Por su parte, Luz Ramírez subraya que existen diferentes modelos: “Toda la vivienda que es promovida, financiada o gestionada por el Estado puede hacerse de forma directa o cediendo parte al sector privado”. En su opinión, “debe darse cabida a las dos opciones”, aunque insiste en la necesidad de regulación pública para garantizar su eficacia.

Un sistema que pierde vivienda protegida

Uno de los principales problemas es que la vivienda protegida acaba incorporándose al mercado libre. Sánchez Andrés recuerda que “en la actualidad esa limitación temporal está en unos 30 años”, lo que explica que gran parte del parque construido en décadas anteriores ya no tenga protección.

En otros países europeos, sin embargo, esta situación es diferente. “Cuando se habilita una vivienda de protección oficial no puede ya entrar en el mercado libre”, señala, lo que permite mantener un parque estable. En España, ese parque apenas alcanza entre el 1,5 % y el 1,7 %, frente al 7 % o el 9 % en otros países europeos.

Falta de incentivos

El aumento de los costes de construcción es otro de los factores clave. Fernando Cos-Bayón advierte de que “el coste de construir la vivienda ya está casi por encima de un margen de beneficio razonable”, lo que desincentiva la promoción de vivienda protegida por parte del sector privado.

Además, Sánchez Andrés apunta a la falta de inversión pública: “Esto requiere ayudas tanto a los promotores como a los que van a adquirir la vivienda”, lo que depende de decisiones políticas y de disponibilidad presupuestaria.

Jóvenes y rentas medias

La consecuencia directa es que una parte importante de la población queda fuera del mercado. “Se están construyendo viviendas que no podemos pagar la mayoría de la gente”, advierte Cos-Bayón, que señala especialmente a jóvenes y rentas medias como los más afectados.

El problema se agrava en el mercado del alquiler. “El alquiler llega a doblar en algunos casos la cuota de una hipoteca”, explica, lo que impide ahorrar y dificulta aún más el acceso a una vivienda en propiedad.

Cambio de modelo

Ante esta situación, los tres coinciden en la necesidad de replantear el modelo. “La solución no pasa solo por construir más, sino por construir lo que realmente se necesita”, sostiene Cos-Bayón, que apuesta por viviendas más adaptadas a la capacidad económica real de la población.

También reclaman reforzar el parque público y evitar que desaparezca con el tiempo. “Acaba toda la vivienda en el saco del mercado libre”, advierte Sánchez Andrés, lo que limita la capacidad de respuesta ante la crisis.

Sin cambios estructurales, concluyen, el acceso a la vivienda seguirá siendo uno de los principales problemas en València y su área metropolitana.

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