El Ayuntamiento de València y las entidades sociales, saturadas por la "falta de planificación" en la regularización de migrantes

València

Este lunes empieza el periodo presencial para que las personas migrantes puedan solicitar la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno. En la Comunitat Valenciana, el Ejecutivo central y la Generalitat calculan que unas 100.000 personas podrían beneficiarse de esta regularización. Sin embargo, muchos migrantes van a tener que pasar antes por un calvario porque hay trabas para conseguir toda la documentación.

Porque antes de esa cita se debe conseguir toda la documentación y eso se hace mediante las oficinas municipales de servicios sociales o las entidades acreditadas, que denuncian estar saturados: las ONG señalan a los ayuntamientos y estos al Gobierno central, que no ha previsto refuerzos.

Los ayuntamienos derivan a las entidades

Las ONG alertan además de que, desde algunos ayuntamientos, como el de València o el de Elche, están derivando a estas entidades a las personas que acuden a los servicios sociales para informarse sobre el proceso, en lugar de atenderles directamente desde los propios servicios municipales.

Sandra Paulina Cardona, delegada de la asociación Movilidad Humana, afirma en declaraciones a la SER que esto está provocando "una avalancha" de llamadas y correos electrónicos a las entidades, que se encuentran completamente sobrecargadas, lo que también está provocando que se ralentice el proceso de conseguir la documentación requerida.

La delegada lamenta que los servicios sociales, pese a contar, según ella, con recursos técnicos y económicos suficientes, no asuman esta tarea y estén derivando.

Piden refuerzos

Boutaina El Hadri, portavoz de Jovesolides y vicepresidenta del Consejo Valenciano de Inmigraciones, se suma a la denuncia. Asegura que en esta entidad tampoco dan abasto.

Pide al Ayuntamiento de València más apoyo y que se refuerce para atender correctamente a las personas que acudan a los servicios municipales, tal y como, asegura, lo han hecho, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Barcelona, donde, según explica la portavoz, se han contratado a 50 nuevos abogados y abogadas para atender el proceso de regularización.

Desde Jovesolides advierten de la necesidad de extremar la precaución ante posibles fraudes y recuerdan que las entidades colaboradoras ofrecen este servicio de manera totalmente gratuita.

València señala al Gobierno central

Pero los ayuntamientos señalan al Gobierno central. Y en el caso de València explican que están sufriendo lo mismo que las entidades sociales, pero por parte de los municipios más pequeños, que por falta de recursos derivan a las personas migrantes a la capital.

Esto provoca que los servicios sociales municipales estén saturados y que haya colas en todas las oficinas del ayuntamiento de València para tramitar el certificado de vulnerabilidad o la acreditación del padrón. Trámites para los que los ayuntamientos no han tenido refuerzos por parte del Gobierno central y que ahora mismo no pueden reforzar, ya que no queda margen. El portavoz del Gobierno local de València, Juan Carlos Caballero, critica la falta de planificación del Gobierno central y asegura que se están colapsando los servicios sociales.

Sostiene que ha sido el Ejecutivo de Pedro Sánchez el que no ha articulado una coordinación efectiva y que, ante esta situación, son los consistorios, sobre todo los de menor tamaño, y las entidades sociales quienes están soportando el peso del proceso sin disponer de medios suficientes.

El PSPV, sin embargo, asegura que los centros de servicios sociales no están respondiendo al proceso de regularización y culpa al consistorio de una falta de planificación. Maite Ibáñez, concejala del grupo municipal socialista, afirma que Catalá está abandonando a las personas más necesitadas.

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