Alquileres de temporada en la playa de Gandia: la fórmula que precariza el acceso a la vivienda

Gandia

El alquiler de temporada se ha situado en el centro del debate sobre la vivienda en los últimos años. Bajo esta fórmula, pensada originalmente para estancias puntuales, se esconden cada vez más situaciones que, en la práctica, funcionan como alquileres habituales sin las garantías legales correspondientes. No se trata tanto de la duración del contrato como de su finalidad: la legislación española establece que estos arrendamientos deben responder a necesidades temporales, vacacionales o recreativas, pero en muchos casos se utilizan como vía para esquivar la normativa.

En municipios turísticos como Gandia, esta realidad ya forma parte del día a día. Tener vecinos distintos cada semana es habitual en zonas de playa, pero el fenómeno ha ido más allá. Lo que antes era estacional ahora se extiende durante todo el año. La presión del mercado turístico ha transformado el uso de muchas viviendas, reduciendo la oferta residencial y dificultando el acceso a un alquiler estable.

“Con la llegada del verano, el alquiler se multiplica por tres o por cuatro respecto a lo que pagamos durante el resto del año”, explica una de las familias afectadas. Como ella, varias familias, que prefieren mantener el anonimato, relatan situaciones similares: contratos temporales que expiran justo antes de la temporada alta, obligándoles a abandonar sus casas sin alternativa.

Otra de las familias lo resume con claridad: “El contrato dice que es por temporada y el 29 de mayo nos toca irnos. Hemos estado buscando, pero no se consigue… haber hay, pero no podemos acceder”.

Detrás de estas cifras hay historias personales. Una de las familias llegó a España en 2023 como solicitante de asilo. Tras obtener permiso de trabajo, intentaron rehacer su vida en Gandia, pero solo encontraron contratos temporales. “Eso nos dificulta como familia encontrar un alquiler de larga duración”, explican.

En otro caso, la situación es aún más delicada: “Tenemos tres niñas y no sabemos qué hacer cuando llegue la fecha. No tenemos un sitio donde ir”. Ambas coinciden en un punto clave: la facilidad de acceso inicial, menos requisitos, posibilidad de alquilar con pasaporte, contrasta con la falta total de estabilidad.

El papel del Sindicato

Ante el aumento de casos, el Sindicat d’Habitatge de la Safor en febrero empezó a organizar asesorías colectivas. En estos encuentros, las situaciones individuales revelan un patrón común, familias viviendo todo el año en pisos con contratos de temporada.

“Desde el principio vimos gente que sabía que en mayo se tenía que ir”, explica su portavoz, Adrià Picornell. “Se está aprovechando un vacío legal que permite contratos temporales en ciertos casos, pero que se utiliza de forma generalizada”, añade.

Según denuncian, muchos propietarios emplean esta fórmula para evitar las obligaciones de los alquileres habituales: limitar precios, garantizar estabilidad o asumir ciertos costes.

En algunos contratos analizados, se especifica que la vivienda “no constituye residencia habitual”. Sin embargo, la realidad contradice el documento: los inquilinos viven allí todo el año. El abogado Guillem Ribera lo explica con claridad: “Si una vivienda es el domicilio principal, no puede considerarse un alquiler temporal. Estaríamos ante un fraude”.

La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) establece que la diferencia no está en el tiempo, sino en el uso. Por tanto, si no existe una causa temporal real, el contrato debería considerarse de vivienda habitual, con todas sus garantías. Además, algunos propietarios dificultan el empadronamiento, una de las principales pruebas para acreditar residencia. “Lo hacen a propósito para evitar que se pueda demostrar”, añade Ribera.

Un negocio al alza

El trasfondo económico ayuda a entender por qué esta práctica se ha extendido con tanta rapidez. En la playa de Gandia, un mismo inmueble puede generar ingresos muy distintos según la época del año. Durante los meses de invierno, el alquiler mensual suele situarse en torno a los 500 o 600 euros. Sin embargo, con la llegada del verano, ese mismo piso puede alcanzar entre 1.000 y 2.000 euros por semana.

Esta diferencia convierte el alquiler turístico en una opción mucho más lucrativa para los propietarios, que optan por retirar sus viviendas del mercado residencial o por combinar ambas fórmulas: contratos temporales durante el año y alquiler vacacional en temporada alta. El resultado es un modelo que maximiza beneficios, pero reduce la disponibilidad de vivienda estable.

Los datos reflejan con claridad esta tendencia. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2025, la mayor concentración de viviendas turísticas en la playa de Gandia se encuentra en la Playa Norte, con 547 inmuebles destinados a este uso. Le siguen la Playa Sur, con 295, y la Playa Centro, con 76. En zonas como el Puerto (32), Venecia y Marenys de Rafalcaid (31), El Grao (19) o la zona marítima residual (7), las cifras son menores, pero evidencian que el fenómeno se extiende a lo largo de todo el litoral.

Este crecimiento no solo responde a la demanda turística, sino también a la rentabilidad que ofrece el modelo. Mientras tanto, cada vez más viviendas dejan de estar disponibles para alquiler de larga duración, lo que intensifica la presión sobre quienes buscan un hogar permanente en la ciudad.

Consecuencias sociales

El impacto va más allá del mercado inmobiliario. Muchas familias se ven obligadas a abandonar sus viviendas antes de que termine el curso escolar. “El colegio acaba el 22 de junio y nosotros tenemos que irnos el 29 de mayo”, explica una de las familias. “No sabemos dónde meter a las niñas”.

La falta de alternativas lleva a situaciones extremas. Familias que comparten habitaciones, estancias temporales o directamente riesgo de exclusión residencial. En apenas unos meses, el Sindicato ya ha atendido más de una veintena de casos. “La gente vive con estrés, ansiedad y mucha incertidumbre”, señalan.

Aunque la normativa es clara, su aplicación dista de serlo. Demostrar que un contrato temporal es fraudulento requiere pruebas y, en muchos casos, un proceso judicial. Mientras tanto, el miedo persiste. Miedo a perder el suministro, a represalias o a quedarse en la calle. Sin embargo, los expertos recuerdan que ningún propietario puede cortar luz o agua ni expulsar a un inquilino sin orden judicial.

La situación en Gandia refleja un problema más amplio, el choque entre el uso turístico de la vivienda y el derecho a una residencia estable. “La ley dice una cosa, pero la realidad del mercado va por otro lado”, señalan desde el sindicato.

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