La hostelería de Russafa rechaza la ZAS

València

La Asociación por una Hostelería Responsable en Russafa y la Asociación Empresarial de Discotecas de Valencia (AD) aseguran que el anuncio de la inminente aprobación de la ZAS de Russafa, que incorpora nuevas restricciones para las pymes del ocio y las discotecas, responde a la crisis que ha provocado en el Ayuntamiento de València la sentencia judicial en contra de la celebración de los festivales en la Ciudad de las Artes.

Ambos colectivos aseguran que el Ayuntamiento de Valencia en lugar de abordar un plan de choque para resolver la crisis de los festivales, cuya importancia estratégica turística y reputacional es fundamental para la marca València, prefiere huir hacia adelante y utilizar la ZAS de Russafa como una cortina de humo para tapar su incompetencia en la gestión de los festivales.

Así lo han manifestado en rueda de prensa este miércoles, en Russafa, para denunciar las consecuencias de la aprobación de la Zona Acústicamente Saturada en el barrio.

Aseguran que la crisis de los festivales debería de haberse resuelto de la mano del diálogo y de la puesta en marcha de medidas efectivas de lucha contra la contaminación acústica. Sin embargo, señalan que ha desembocado en un ataque arbitrario y desproporcionado sobre la zona de ocio en la ciudad en la que más medidas y protocolos de lucha contra el ruido se han activado en los últimos 10 años; y que actualmente es ejemplo para el resto de ciudades españolas de buenas prácticas empresariales y de colaboración con los colectivos sociales del barrio.

En este contexto, tachan de sorprendente y errática la actuación de la Concejalía de Mejora Climática que ataca al barrio de Russafa, dinamitando la imagen de València como capital de la innovación y laboratorio de ideas y de ensayos científicos para promover la sostenibilidad del ocio y el turismo.

Vicente Pizcueta, portavoz de la Coordinadora de Ocio y Hostelería de los Barrios de Valencia, afirma que el barrio de Russafa es la " cabeza de turci" con la que el Ayuntamiento intenta tapar su nefasta gestión del problema de los festivales de música.

Por otra parte, como consecuencia de todo lo anterior, las pymes afectadas por el drástico recorte de horarios han anunciado que se ven en la necesidad de suspender la batería de medidas y protocolos preventivos que venían desarrollando para proteger el entorno de sus locales, como son los silenciadores de los chalecos amarillos o la aplicación rigurosa del servicio de admisión para evitar las conductas incívicas en la vía pública.

Por todo lo dicho, y ante la gravedad de los acontecimientos, desde Al Balansí y AD han solicitado, formalmente y por escrito, una petición de amparo a la alcaldesa de València, María José Catalá, para trasladarle su alarma y preocupación por los efectos colaterales que puede provocar las medidas impuestas por el concejal Carlos Mundina, que pueden desembocar en un deterioro de la convivencia ciudadana y de la paz social existente en el barrio más popular y de gran actividad de Valencia.

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