La empresa que preside el número dos de Esperanza Aguirre espió a sus trabajadores
La investigación judicial del caso destapa que el Canal de Isabel II contrató a detectives hasta en tres ocasiones para investigar a sus empleados
La investigación judicial del espionaje a Ignacio González destapa seguimientos a trabajadores del Canal de Isabel II encargados y pagados por la empresa pública. En uno de los informes policiales remitidos al juez detallan hasta tres casos en apenas cinco meses entre los años 2007 y 2008 y por los que abonaron un total de 11.900 euros. La empresa que sigue a estos trabajadores es curiosamente una de las que ha elaborado dosieres sobre Ignacio González, Presidente del Canal.
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Según avanzó la Cadena SER, la instrucción judicial del sumario sobre los espionajes a Ignacio González, incluía un acta policial donde el Canal de Isabel II aparecía como cliente de una empresa de detectives. El investigado era un ex consejero del Canal de Isabel II.
Pues bien, la policía acaba de remitir al magistrado instructor de la causa, Adolfo Carretero un informe donde da cuenta de las actuaciones que llevaron a cabo. Según el escrito, "practicaron diligencias policiales en la sede del Canal a través de la dirección de seguridad mediante un oficio el pasado 3 de noviembre con el fin de conocer los motivos".
El Canal de Isabell II facilitó a los agentes tres facturas que corresponden a tres trabajos encargados a detectives contra sus trabajadores. En diciembre de 2007 la entidad pública encargó una investigación a un informático, por absentismo laboral. El empleado alegó estado de salud delicado y finalmente fue despedido. Costó 2.323 euros.
El segundo encargo, en enero de 2008, el Canal investigó a una abogada destinada en la Secretaría General Técnica que finalmente fue cesada. Según la información que facilitaron a los agentes, la abogada fingía estados de ansiedad y denunció a la directora de la Secretaría General por acoso laboral. La investigación duró un mes, hasta que constataron que trabajaba en otra empresa y fue cesada.
El tercer caso y más llamativo, la empresa pública de aguas contrató a detectives, en mayo de 2008, para llevar a cabo seguimientos a un empleado, dicen que por motivos similares a los anteriores. Según recoge el informe policial, el empleado al que siguieron fue reubicado en otras instalaciones del Canal rebajándole la categoría administrativa. Por el espionaje y los seguimientos pagaron 3.828 euros.
En total, el Canal abonó en tres partidas diferentes un total de 11.948 euros por investigar a sus trabajadores. El Canal no aclara con qué partida del presupuesto público han pagado los espionajes. El magistrado Adolfo Carretero ha pedido a la policía que remita estas facturas al juzgado.
