Prohibida la manifestación atea del Jueves Santo

La Delegación del Gobierno ha decidido prohibir la manifestación atea prevista para el Jueves Santo. Toma esta decisión "en estricto cumplimiento de la legalidad y teniendo en cuenta todos los informes emitidos". Por ejemplo, que la hora prevista para esa iniciativa coincide con el arranque de las procesiones católicas; la denominación de los convocantes han asignado a las imágenes de su procesión; y que el recorrido previsto, aparte de presentar nombres relacionados con la simbología católica, cuenta con numerosas parroquias.

La Delegación de Gobierno también ha tenido en cuenta para prohibir la ''procesión atea'' la gran afluencia de público y "la necesaria protección de la imagen turística de la ciudad de Madrid". "El lugar de celebración de la convocatoria constituye un enclave de alto valor patrimonial histórico artístico", ha añadido.

El departamento que dirige Dolores Carrión ha indicado que tanto la Jefatura Superior de Policía, como el Ayuntamiento de Madrid y la Abogacía del Estado han expresado una "apreciación unívoca" para que no se lleve a cabo este acto convocado por la asociación de ateos madrileños y la asamblea vecinal ''La Playa de Lavapiés'', entre otras.

Gallardón encantado con la decisión

El alcalde de Madrid ha apoyado la resolución de la delegación del gobierno. En su opinión es una buena noticia porque es obligación de las administraciones públicas denegar manifestaciones que tiene como único objetivo la provocación. Para Gallardón, el hecho de que los convocantes manifestaran una coincidencia de tiempo y sitio con la procesión católica y alegaran además que estaban haciendo ejercicio de un derecho refleja el objeto de su petición porque esa manifestación se podría hacer en otro tiempo y en otro sitio.

El alcalde insiste en que se perseguía burlarse u ofender a los que acudieran a la procesión católica. Por eso mantiene que el ayuntamiento se negó desde el principio a la autorización de esa manifestación.

Recurso ante el TSJM

Los convocantes de la procesión, la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores y la Playa de Lavapiés, van a recurrir la prohibición ante la Justicia. Dan por hecho que por cuestiones de tiempo la manifestación ya no se podrá celebrar y acusan a la Delegación del Gobierno de basarse en los mismos argumentos para prohibirla, que los utilizados en sus querellas por las organizaciones ultraconservadoras. Eso sí, anuncian que tratarán de convocar una marcha similar cuando sea posible.

Luis Vega, presidente de AMAL, la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores, cree que la decisión del equipo de Dolores Carrión es un tremendo retroceso de las libertades en España, y que demuestra que éste no es un estado aconfesional.

Vega insiste en que su intención no ha sido nunca provocar y se desmarca de otras organizaciones que hayan podido aprovechar la convocatoria para generar tensiones.

Además de las dos querellas por incitación al odio interpuestas por la Asociación Estatal de Abogados Cristianos y el colectivo HazteOír, los convocantes de la procesión atea se enfrenta a una denuncia presentada por diez personas a título personal, por la que la jueza madrileña, María del Coro Cillán, ha abierto diligencias. Cree necesario investigar una convocatoria que, en su opinión, presenta características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal.