Revés judicial a una de las concesionarias de hospitales de Madrid

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 22 de Madrid ha emitido una sentencia centrada en parte en el recurso que presentó la sociedad concesionaria del Hospital del Sureste alegando que se estaba rompiendo el equilibrio económico del contrato.

La sentencia, contra la que cabe recurso, asegura que la empresa concesionaria de la construcción y explotación del Hospital del Sureste debe emitir sus facturas a la Comunidad con un IVA del 7% y no del 16%.

El juzgado de lo contencioso que así lo decide, asegura que lo que se dirime no es el pago de los servicios que presta Phunciona Gestión Hospitalaria, sino el régimen de IVA al que están sometidos esos servicios. Y en este sentido, da la razón a la Dirección General de Tributos que en 2010 estableció un IVA del 7% y que, además, considera obligatoria la regularización tributaria por ese concepto en un periodo que abarca los tres ejercicios anteriores, es decir desde el de 2007.

La devolución del IVA cobrado de más es, según el propio tribunal, una cantidad "desorbitada". La propia administración pública calcula que el "desfase" de los 9 puntos porcentuales supondría poco más de 48.705.000 euros. Y en este sentido, la sentencia afirma que el dinero no debe acabar en las cuentas de la adjudicataria como un beneficio "que el juzgador no duda en calificar como de enriquecimiento injusto".

La responsable de dirección de Phunciona Gestión Hospitalaria ha asegurado a la Cadena SER que su empresa no tiene comentarios que hacer.

La sentencia se conoce justo tras desvelarse que las empresas concesionarias de 7 de los 8 nuevos hospitales madrileños han exigido por carta al gobierno de Esperanza Aguirre 80 millones de euros para evitar el colapso financiero de los centros.

David Taguas, de la patronal Seopan, no ha querido comentar la carta enviada por las empresas a la Comunidad asegurando que se trata de un asunto "confidencial".

Por su parte, UGT considera "un chantaje inaceptable" la reclamación de las empresas constructoras de los nuevos hospitales de la Comunidad de Madrid a las que califica de inmorales por exigir el mantenimiento de sus beneficios cuando "los poderes empresariales y económicos presionan y reclaman recortes salariales de la clase trabajadora y en el gasto social". El sindicato socialista, además, acusa al gobierno de Esperanza Aguirre demercantilizar un servicio público que, en su opinión, debe velar por la salud de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid.