El PP de Madrid no quitará los carteles de los parados

La Junta Electoral Central considera que la utilización de esos carteles, en los que se imita la tipografía y los colores del Partido Socialista, es "contraria al principio de transparencia". El PSM pide sanciones para Esperanza Aguirre y Lucía Figar.

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La secretaria de Comunicación del Partido Popular de Madrid, Lucía Figar, ha admitido que no tienen previsto retirar los carteles electorales rojos, en los que no aparecen símbolos del PP y que son utilizados para criticar a los socialistas con la leyenda "5 millones de parados". Lejos de eso, Figar anuncia que la próxima semana van a intensificar esa campaña.

Ayer la Junta Electoral Central hacía público el acuerdo por el que califica como contrario al principio de transparencia "que cualquier sujeto, sea partido político o no, realice una campaña de publicidad electoral utilizando los símbolos, los colores o tipografía habitualmente identificativos de otro". La JEC cree que esa táctica puede inducir al error a los electores sobre la autoría del mensaje electoral.

La Junta también considera contrario al principio de transparencia "que cualquier persona física y jurídica difunda propaganda electoral de forma anónima", como ocurre con los mencionados carteles.

El PP se defiende

Desde las filas populares repiten una y otra vez que esa propaganda electoral no esgrime datos falsos, sino que se hace eco del número aproximado de parados en España y de una frase pronunciada por Tomás Gómez, "Quiero para Madrid lo que Zapatero quiere para España". Según su presidenta y candidata a la Comunidad, Esperanza Aguirre, "ahora nos quieren empapelar por poner unos carteles". "Que digan si es mentira lo que pone en los carteles", retaba este viernes Aguirre en un mítin en Parla.

Por su parte el Partido Socialista, que ya ha elevado ante la JEC tres preguntas diferentes sobre esa campaña, ha instado al máximo organismo electoral a sancionar tanto a Esperanza Aguirre como a Lucía Figar. Creen que su intención evidente es la de causar daños a su partido, "así como al cuerpo electoral en general con la utilización masiva de una campaña ilegal, utilizando para ello grandes medios económicos".