Los abogados de oficio 'cuelgan' la toga
Desde hoy no harán guardias y no se designarán abogados de oficio, excepto para aquellos asuntos que ya estén señalados y los que afecten directamente al derecho de defensa y puedan causar un perjuicio irreversible a los afectados
El servicio público de asistencia jurídica gratuita se suspende en Madrid de acuerdo con la decisión tomada por el Colegio de Abogados madrileño (ICAM) el pasado día 18 como consecuencia de las demoras en el pago a sus profesionales por parte de la Comunidad.
Desde hoy, solo se designará asistencia letrada y turno de oficio en las causas que afecten a detenidos y presos, de violencia de género o que causen un grave perjuicio al derecho de defensa del ciudadano.
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Asimismo, las principales asociaciones de letrados madrileños -la Asociación Profesional de Abogados de Extranjería de Madrid (APAEM), la Asociación Libre de Abogados (ALA) y la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO)- han convocado al mediodía una concentración frente a los Juzgados de Plaza de Castilla en defensa de los servicios públicos en la Comunidad de Madrid.
A través de un comunicado, las tres asociaciones han exigido a la Comunidad presidida por Esperanza Aguirre que detenga las restricciones al acceso a la justicia gratuita, cumpla con los pagos a los letrados del turno de oficio de Madrid, y dé respuesta a la Propuesta de Mejoras del Servicio presentada por el ICAM.
La Junta del Gobierno del ICAM avaló la propuesta elevada por las asociaciones ALA, ALTODO y APAEM ante los retrasos en los pagos de las retribuciones a los letrados que integran este colectivo, una deuda que asciende a 17 millones de euros.
Las reivindicaciones de los abogados de turno de oficio madrileños recibieron el pasado día 20 el apoyo del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), que exigió al gobierno regional que pagara lo que adeudan a este servicio público de justicia gratuita.
El CGAE recordó que la Comunidad de Madrid adeuda las cantidades correspondientes a casi la totalidad de 2010 y lo que se ha pagado se ha hecho con cargo a los presupuestos de 2011, lo que a su juicio anuncia más dificultades para que los abogados puedan cobrar los atrasos este año.
