La Cañada Real se mantiene sin derribos

Según el Ayuntamiento de Madrid "Estamos cumpliendo estrictamente con la Ley. Ya en 2007 se le explicó a esta familia que se iba a derribar su casa porque no cumplía con la ley. Se levantó en un terreno de dominio público y por eso ya se le derribó una vez".

La orden de derribo estaba programada para este viernes a mediodía. Sin embargo esta mañana no ha aparecido ningún miembro de la comisión judicial, tampoco los funcionarios de urbanismo, ni la policía. Por tanto, la orden judicial ha quedado postpuesta. Fuentes municipaleshan descartan además que las piquetas entren este fin de semana "porque hay que preparar un dispositivo muy amplio. Una actuación así requiere un protocolo muy amplio donde tienen que actuar personal del area de urbanismo, efectivos del Samur Social, policía municipal".

Empadronado, pero sin casa

La orden de derribo pesa sobre la 'casa' de Abdul. Como otros vecinos de este poblado chabolista, Abdul está empadronado y ha pagado durante años el IVI. "Los asentamientos se han tolerado durante más de 50 años, y se han acumulado bastantes actuaciones administrativas contradictorias con una situación que, en principio, parecería ilegal. Se les ha dado el padrón, se les ha cobrado contribuciones. Los derribos que se están produciendo ahora, una vez aprobada la Ley que obliga a un acuerdo negociado con los vecinos, son el último eslabón de esta cadena de contradicciones". Así lo explica el abogado de estas familias, Javier Rubio, que sospecha que el Ayuntamiento de Madrid "está derribando el mayor número de viviendas posible con el fin de que en ese futuro acuerdo haya menos gente a la que dar cobertura y amparar para que tengan derecho a una vivienda".

Según fuentes municipales del area de urbanismo "Estamos cumpliendo estrictamente con la Ley. Ya en 2007 esta persona se reunió con la Delegada de Urbanismo y se le explicó que se iba a derribar su casa porque no cumplía con la ley. Se levantó en un terreno de dominio público y por eso ya se le derribó una vez".

Una Ley por aplicar

La Asamblea de Madrid aprobó en marzo esta Ley, exclusivamente con los votos del grupo parlamentario popular. El texto fija un plazo máximo de dos años para que haya un acuerdo sobre los realojos de sus cuarenta mil habitantes. Para eso, han empezado a elaborar un censo en el que, si es desalojado, no se incluirá a Abdul ni a su familia.

"El derribo es legal. Lo ha decretado el juez. Pero lo que no puede ser es que mañana Abdul, su mujer y sus hijos se queden en la calle, que nadie les dé una alternativa. Es uno de esos caso en los que la legalidad choca con la humanidad". Así lo explica uno de los voluntarios que trabajan en el asentamiento. Los vecinos se han puesto manos a la obra para tratar de evitar más derribos. Este viernes se van a concentrar frente a la Delegación de Urbanismo, en Palos de la Frontera, para exigir una reunión urgente con la responsable, Pilar Martínez. En paralelo, miembros de la Asamblea de Vecinos, del Movimiento 15M, de la FRAVM, y de Amnistía Internacional van a permanecer frente a la casa de Abdul para intentar disuadir a los técnicos del Ayuntamiento y que no se produzca el desalojo de la familia de Abdul.

Él, por su parte, lo tiene claro "si me tiran la casa, dormiremos con los vecinos y al día siguiente comenzaré a levantarla de nuevo. Una solución global para la Cañada tiene que incluirnos a todos, es injusto que a nosotros se nos excluya". Abdul asegura que solicitó una vivienda a través del IVIMA en el 2007, petición rechazada que ha vuelto a poner en marcha hace tres meses.